Fuente: Voz y Vos

Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, vienen manteniendo una serie de reuniones con los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto. Actualmente el Estado cuenta con $35 millones anuales para repartir entre todas las organizaciones. Los legisladores entienden que se trata del trabajo “menos comentado” en lo que al presupuesto quinquenal refiere, pero del que dependen varios proyectos. Es por eso que se estudia la posibilidad de aumentar la partida, a partir de la “transposición de fondos”. Se trata de quitar “pequeñas cantidades” de dinero a otras áreas del Estado para que la estrategia “no moleste a nadie”, según explicó el diputado Carlos Gamou, de la Corriente Acción y Pensamiento-Libertad, integrante de la Comisión de Presupuesto. “En vez de sacarle diez millones a un inciso y diez millones a otro, lo que hago es sacarle $ 700.000 a uno, $ 1 millón a otro. No les va a hacer gran cosa”, aseguró el diputado. Para el también diputado Germán Cardoso, de Vamos Uruguay, “existen muchos artículos que otorgan recursos para fines que no cumplen el objetivo de mejorar el bienestar de nuestro pueblo, como ser la cantidad récord de cargos de confianza que se crean”, aseguró. 

En otro orden, desde la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), si bien se reconoce “cierta apertura en espacios de participación de la sociedad civil”, entiende que esa participación no ha sido “plenamente satisfactoria”, ya que no se ha logrado que estas organizaciones participen en el diseño de políticas, según señaló la socióloga Paula Baleato, integrante de dicha asociación.
Para Baleato, “lo que hay es un lugar muy marcado en la instrumentación de las políticas bastante cercana a la tercerización de los servicios más que participar en el diseño de las políticas y los programas”. 

Aun cuando aclara que en la actual administración se “mantienen los espacios de diálogo”, Baleato expresó su preocupación porque no se tiene “una postura muy clara”, de parte del actual gobierno, “sobre cuál debe ser el rol de la sociedad civil”. La situación actual, entiende la socióloga, está caracterizada por una “visión estado-céntrico y partido-céntrica en los elencos políticos de conducción del Estado”, lo que lleva a una “ausencia de una estrategia uniforme”. 

De acuerdo a la investigación “Pobreza y (des) igualdad en Uruguay: una relación en debate”, llevada adelante por Carmen Midaglia, Felipe Monestier y Marcelo Castillo, del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, “en líneas generales, resulta pertinente afirmar que la sociedad civil uruguaya es aún débil”.
 
(Búsqueda, págs. 6 y 18; 19/06/2010)