180305 – La diaria 5 de marzo de 2018 – Graciela Frigerio: Vínculos y sentidos

Vínculos y sentidos

La diaria 5 de marzo de 2018 | Escribe: Facundo Franco en Educación

Graciela Frigerio es una reconocida académica argentina especializada en educación, que en los últimos años se ha preocupado por los cruces con otras disciplinas como la psicología o el trabajo Social. Ella prefiere usar la palabra “educador” antes que “docente” para referirse a la profesión, ya que, según explica, ese término engloba de mejor forma las actividades de quienes se paran en un grupo para acompañar los procesos de estudiantes. También se preocupa por dejar claro que muchas de las reflexiones que plantea no son más que hipótesis, aunque las fundamenta con especial cuidado. Frigerio estuvo en Montevideo para preparar un ciclo de seminarios y ateneos que coordina junto con la psicóloga y educadora Carmen Rodríguez (ver recuadro). La académica conversó con la diaria sobre la forma en que está planteado el debate educativo en la actualidad y se refirió a muchas de las ideas que se desarrollan en el último libro que co-coordina: Trabajar en instituciones: los oficios del lazo.

-En diversas publicaciones y conferencias has hablado del rol político de la educación, ¿a qué refiere esa idea?

–Educar no es un oficio que pueda pensarse desde ninguna neutralidad. No hablo sólo de lo escolar, porque educar lo desborda; aludo a que cuando nacemos y recibimos una filiación que viene de la familia, ella es insuficiente para que uno se instale en el territorio de lo social. Para que a uno le toque la parte de lo común a la que tiene derecho, hace falta estar inscripto en el territorio de lo social. Para mí es la educación la que te inscribe en ese territorio, en el sentido de que te instituye. Más allá del vocabulario de lo familiar, es la que te brinda las palabras para decir el mundo, la que te vuelve un sujeto de la polis, ya no un sujeto de la familia. Educar, que es un oficio apasionante y minucioso, concierne la vida de los sujetos, la que, según cómo se dé la historia, puede volverse vivible, plena, digna, habitada por el entusiasmo existencial, o puede ser una vida que está siempre lamentando y no vive. Cuando uno es considerado un deshecho, un marginal o un carenciado por políticas que no son las de la educación, es obvio que ahí la vida transcurre en la supervivencia y tiene un componente mortífero muy fuerte. Hay tendencias que dicen que educar es una cuestión de procedimientos, de juntar contenidos con sujetos, y que lo que tenés que hacer es ponerlo en acción. Por supuesto que esas cosas cuentan, pero el efecto de la educación es constitutivo de la subjetividad, que te pone adentro o afuera del mundo común compartible. Sigue leyendo

171228 – ladiaria: Abusadores de niñas y niños recibieron menos de cinco años de pena en las últimas sentencias judiciales

Abusadores de niñas y niños recibieron menos de cinco años de pena en las últimas sentencias judiciales

La diaria – 28 • nov. • 2017 | Escribe: Natalia Uval en Nacional

En 2017 hubo 12 sentencias de tribunales de apelaciones vinculadas a situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La mayoría de ellas confirmaron las sentencias de primera instancia, que en ningún caso dieron a los acusados por abuso más de cinco años de penitenciaría, según consta en la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. En los casos de violación de niños, la pena máxima confirmada en 2017 fue de nueve años de penitenciaría.

El Código Penal vigente, que aún no ha sido reformado (ver recuadro), prevé una pena máxima de seis años de penitenciaría para el delito de abuso sexual. Por este se considera toda situación de abuso de índole sexual que no implique penetración –en ese caso se considera “violación”, y la pena máxima asciende a 12 años de penitenciaría–.

Durmiendo la siesta

El proyecto de reforma del Código Penal está a estudio del Parlamento desde el período de gobierno pasado. En esta legislatura ingresó a consideración de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes en julio de 2015, donde permanece desde entonces. La comisión, que no ha abordado la reforma en más de dos años, en sus últimas sesiones estuvo ocupada discutiendo sobre el desafuero del diputado nacionalista Wilson Ezquerra, el Día del Trabajador Portuario y el proyecto de ley de curatela voluntaria, entre otros asuntos.

Por ejemplo, una sentencia del 29 de julio, del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno, condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que ingresó a una vivienda para robar y obligó a una menor de 15 años a hacerle sexo oral, amenazándola con un arma. El sexo oral en situación de abuso, acción que los ministros de Apelaciones suelen nombrar en latín –fellatio in ore–, se tipifica como “atentado violento al pudor” según el Código Penal vigente. La pena, en el caso de la sentencia citada, fue de tres años y medio, pero incluía un delito de privación de libertad especialmente agravado y un delito de violación de domicilio. La conducta, en este caso, fue calificada por los ministros del Tribunal de Apelaciones, según consta en la sentencia y citando doctrina, de un “acto obsceno”, que “ofende torpemente al pudor de suerte que causa repugnancia y aversión”.

En otra sentencia del mismo tribunal, del 30 de mayo, se confirma una pena de nueve años de penitenciaría a un padre que violó a su hija diariamente desde que esta tenía cuatro años. La niña intentó suicidarse tomando diazepam. A los 15 años le contó a su madre lo que estaba sucediendo; ella no le creyó y le dijo que era una “prostituta”, según consta en la sentencia.

El 7 de marzo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno confirmó una sentencia que condenaba a un hombre por abusar sexualmente de su hija desde que tenía 12 años. El 22 de marzo, el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno condenó a un hombre a tres años y ocho meses de penitenciaría por producir material pornográfico con menores de edad.

El 28 de marzo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno ratificó la condena a un hombre por violar a una niña de 11 años. El hombre alegó que pensó que la niña tenía 18 años, y los ministros firmantes de la sentencia evaluaron que la niña “no sólo aparentaba una edad algo mayor a la cronológica, sino que incluso en ocasiones aprovechaba dicha característica para agregarse algunos años”. De todos modos, luego apuntaron que es insostenible la tesis del hombre de que tenía 18 años, entre otros elementos, porque usaba túnica y moña. Ese mismo día, en otra sentencia, el mismo tribunal confirmó la condena de un hombre por abusar sexualmente de su sobrino de ocho años, a quien hacía desnudarse y tocaba.

El 5 de abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno confirmó la sentencia a cuatro años de penitenciaría de un hombre de 53 años que obligaba a su sobrina nieta, de diez años, a desvestirse en presencia de la esposa del hombre y de sus hijos, y se masturbaba frente a ella mientras la mujer filmaba con su celular.

Una sentencia del 26 de abril del mismo tribunal trató el caso de una niña de cuatro años a la que se obligó a practicar sexo oral. En el escrito judicial se cuestiona el hecho de que el juez de primera instancia haya interrogado a la niña en el juzgado, ya que considera “poco aconsejable” someter “a alguien víctima, pero además tan pequeña, a enfrentar un escenario ajeno, poco técnico, ya que no intervino perito psicólogo o psiquiátrico alguno en el interrogatorio, salió fuera de audiencia por delicadeza una de las personas y sólo un acompañante emocional (la madre) fue de la mano con el protocolo a seguir en estos casos”. Advierte además que los careos realizados entre el acusado y la víctima “no se estiman conducentes ni pertinentes” y “eran laterales al objeto de la prueba”.

En una sentencia del 25 de julio del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno se relata el caso de una menor de 13 años que fue abusada por su padrastro a cambio de 100 dólares, y además su padrastro la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

La “figura paterna”

Una sentencia del 9 de agosto del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó una sentencia de primera instancia que habilitaba a un padre acusado de abusar sexualmente de su hijo a tener contacto con él, mediado por técnicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), contra la voluntad de la madre. Según admitió el tribunal, “se comprobó” que el padre tenía erecciones cada vez que levantaba a su hijo en brazos, pero concluyó en base a un informe pericial que no existían “certezas sobre si realmente la excitación admitida por el demandado tiene una relación de causalidad con el contacto con [el niño] o una relación de contigüidad con los juegos sexuales previos” con su esposa. “Al no arrojar certezas, no puede darse por plenamente probada esta conducta”, concluye el escrito. La mujer también había acusado al hombre de violarla, y en la sentencia se admite que el peritaje da cuenta de “una asimetría de poder” y de “la condición de víctima” de violencia de la mujer.

Los ministros de Apelaciones entendieron que el testimonio de la mujer no era del todo creíble, porque en una ocasión manifestó que el hombre había tenido una vez una erección al alzar al niño en brazos, y en otra ocasión manifestó que esta situación se había producido varias veces. “El abuso sexual ha sido negado, no así el episodio de la erección. Este hecho está probado, pero no así aquél”, entienden.

La decisión judicial señala que el fallo en primera instancia fue “garantista para todas las partes al derivar las actuaciones a la Unidad de Intervención Familiar para iniciar la revinculación con el padre, quien no pudo estar con su hijo desde hace cuatro años, al suspendérsele las visitas”. Los ministros entienden que “la intervención de terceros especializados en la temática, es un medio apropiado para evitar cualquier tiempo de abuso o maltrato, no sólo el sexual sino de cualquier tipo”, y valoran que “restablecer la presencia de la figura paterna con todas las garantías de la intervención del sistema de INAU” protege “el interés superior del niño”. “No está probado plenamente la voluntad del actor de abusar de su hijo; ante la duda [de] que el mismo efectivamente haya ocurrido, correspondía restablecer el vínculo en un medio y con los recursos que permitan las mejores garantías para el niño”, concluye la sentencia.

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171017 – IELSUR: Comunicado a la opinión pública: ante discusión de reforma del proceso penal adolescente

Montevideo, 17 de octubre de 2017

En momentos en que la Cámara de Diputados discute el proyecto de reforma para incorporar al proceso penal adolescente el modelo acusatorio, IELSUR quiere expresar lo siguiente:

1- Sorprendentemente, desde ámbitos oficiales se anunció que el nuevo CPP no fue puesto en práctica en la fecha anunciada debido a la incompatibilidad que presenta con el CNA. Por ello, el Senado en un primer momento aprobó una propuesta de armonización del CNA al proceso penal acusatorio, presentada con la firma de todos los partidos polí­ticos.

2- Resulta curioso el motivo esgrimido para posponer la implementación del CPP en el proceso penal de adultos que, por un lado, una vez más deja al descubierto el trillado recurso de asociar los problemas de seguridad en Uruguay con la responsabilidad de los adolescentes.  Y es llamativo también, porque su punto de partida es una premisa falsa, que afirma que en el proceso infraccional adolescente los principales problemas se originan en que no hay sistema acusatorio.

Pueden leer y descargar el comunicado completo en el siguiente link: http://ielsur.org/?p=1463

Descarga el documento aquí: IELSUR 17-10-17. ADOLESCENTES cpp

170406 – Comunicado de Prensa del Comité Derechos del Niño Uruguay

Montevideo 6/4/2017

Ante los hechos de pública notoriedad donde resultara muerto un adolescente privado de libertad en un hogar del INAU en la ciudad de Treinta y Tres, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay expresa su preocupación lamentando el hecho y exhortando a las autoridades competentes a investigar, informar y esclarecer las circunstancias en que este hecho ocurrió, a efectos de determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan. Sigue leyendo

161104 – Comunicado: EL RIESGO DE LA IMPUNIDAD TÉCNICA: cuando quienes deberían potenciar la garantía de los derechos, los aniquilan

EL RIESGO DE LA IMPUNIDAD TÉCNICA:
cuando quienes deberían potenciar la garantía de los derechos, los aniquilan.

La semana pasada nos enteramos de otra situación donde los derechos de niñas y adolescentes fueron violados de forma brutal y flagrante. Como sucedió en Rivera, Paysandú, Maldonado, Soriano, Tacuarembó. Como tantas situaciones que continúan haciéndose visibles en distintos barrios de Montevideo.

Un varón joven, técnico, integrante de un equipo de trabajo con familias en situación de vulnerabilidad social en el Oeste de Montevideo, fue denunciado y procesado por explotación sexual comercial de niñas/os y adolescentes.

Un explotador de niñas y adolescentes.

Un delincuente.

Montevideo Oeste concentra los mayores indicadores de derechos vulnerados.

En esta zona nacen el 10% de las niñas y niños de nuestro país. Muchos  continúan sufriendo las consecuencias del no acceso sistemático a sus derechos y el arrebato de la niñez, con violencia y sin miramientos.

Esto ocurre en un sistema en el que continúan predominando visiones y prácticas patriarcales y machistas  que cosifica a las mujeres adultas pero también a las niñas, niños y adolescentes. Transforma el cuerpo de las niñas en objetos que se pueden comprar y vender. Si son pobres, aún más.

En este caso, el responsable utilizó su lugar en la relación de poder con las niñas explotadas: el sustentado en el dominio masculino, el de clase y el de técnico de un programa público que tiene como cometido garantizar y potenciar mejoras en la vida de las personas.

A las organizaciones de la sociedad civil nos coloca una luz de alerta para estar atentos en todos los espacios, para poder ejercer un verdadero rol de monitoreo que garantice prácticas humanizadoras y garantes de derechos. Nos exige mayor compromiso en la persecución de los responsables y en la deconstrucción de esta ideología cosificadora.

Las instituciones y organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestro repudio y promover la reflexión, la acción y la denuncia conjunta también desde del decir. Decir para saber, para visibilizar, para proteger, para garantizar, para transformar.

Montevideo, 3 de Noviembre de 2016

instituciones-adheridas

160609 – INAU: Comunicado a la Opinión Pública

El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay desde su responsabilidad de organismo protector de derechos y rector de políticas destinadas a promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, comunica  la preocupación por las comunicaciones realizadas por FENAPES donde se explicitan los motivos del paro del día jueves 9 de junio.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA INAU 9-6-2016Descargar comunicado: COMUNICADO A LA OPINION PuBLICA

160520 – Comunicado de prensa: LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA NECESITAN LA ATENCIÓN E INVERSIÓN DEL ESTADO

Desde VIDA Y EDUCACIÓN ACCOMPAÑAMOS ESTE COMUNICADO:

Comunicado de prensa

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA NECESITAN LA ATENCIÓN E INVERSIÓN DEL ESTADO.

A 10 años del Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y niñas del Secretario General de las Naciones Unidas, las organizaciones abajo firmantes recordamos que entre otras, el informe recomienda:

“Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable. Nunca deben recibir menos protección que los adultos”. En nuestro país existen servicios especializados para la atención a mujeres en situación de violencia doméstica en los 19 departamentos mientras que para niñas, niños y adolescentes solo existen en 3 departamentos.

“Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia rindan cuentas”. En Uruguay muchos abusadores no son procesados y se les obliga a niñas y niños víctimas a mantener vinculación con sus agresores. Explotadores y tratantes permanecen libres mientras las adolescentes son recluidas por cometer infracciones en contextos de explotación.

“Toda la violencia contra los niños y niñas es prevenible. Los Estados deben invertir en políticas y programas basados en evidencias para abordar los factores causales de la violencia contra los niños”.

Respaldadas en las recomendaciones que las Naciones Unidas realizan a los paises expresamos:

Ya es hora de implementar las acciones necesarias de abordaje del problema que desde hace muchos años venimos exigiéndole y proponiendo al Estado sin éxito:

  • Instalación de servicios de atención especializados en cada departamento del país
  • Suspensión automática de las vistas cuando se establecen medidas cautelares hacia uno de los progenitores
  • Atención calificada en los centros de salud
  • Prohibición del uso del falso Síndrome de alienación parental
  • Garantizar el acceso a la justicia y un trato digno y respetuoso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el proceso judicial.
  • Incluir en la curricula educativa de todos los niveles, la perspectiva de la protección integral que instala la Convención de los Derechos del niño, asi como la de derechos humanos, género, diversidad sexual y etnico-racial

El 23 de mayo a las 11:30 hs estaremos movilizándonos y expresando nuestras preocupaciones en la puerta de  la Torre de  Telecomunicaciones de ANTEL ( Sala “Mario Benedetti”) donde se estará realizando  el Seminario  internacional:¡Niñ@Sur es hora!. Libre de violencias contra niños, niñas y adolescentes hacia el 2030.

Esperamos contar con los medios de prensa para amplificar nuestras reivindicaciones.

Mayo 2016

160221 – Compartimos carta de Trabajadores de los SOCAT

 

¿PROMOTOR@S DE DERECHOS CON DERECHOS VULNERADOS?

MIDES, ORGANIZACIONES, TRABAJADOR@S Y TERRITORIOS

EN CONFLICTO

Por este medio los y las trabajadores/as de SOCATs (Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial) queremos dejar en evidencia la situación de vulneración de derechos laborales en la que nuevamente el Mides nos coloca y el empobrecimiento que esto genera en la calidad y efectividad del trabajo en territorio con los sectores de la población más vulnerados

El SOCAT es un dispositivo co-gestionado con la Sociedad Civil Organizada que trabaja hace doce años promoviendo participación, redes y atención ciudadana, las modificaciones pretendidas en esta nueva licitación no solo afectan a las/os trabajadoras/os sino que afectan la calidad del trabajo en estas dimensiones, exigiendo más, con menos.

El dispositivo que se propone a partir de la nueva licitación contradictoriamente comprende nuevos territorios de referencia, ampliando los ya existentes y una importante reducción de horas destinadas a recursos humanos. Es de aclarar para evitar juicios injustos, que las/os trabajadoras/es de SOCATs no exigimos aumento salarial, a lo largo de estos diez años nos hemos readecuado al incremento de tareas desde el compromiso y convicción en nuestra tarea, las propuestas y conflictos con MIDES siempre han sido priorizando la calidad del trabajo en los barrios, con vecinas/os e instituciones y con el MIDES, aportando desde los aprendizajes que vamos capitalizando.

Sin embargo, con el cese del convenio actual al 30 de junio de 2016 (según lo dicho por MIDES, el 31 de Diciembre 2015 se venció la licitación anterior y a la fecha no se ha firmado prorroga ni se han depositado partidas para recursos), 232 trabajadores nos encontramos en situación de extrema precariedad: algunos perderemos nuestro puesto de trabajo (se estima un número de 50 personas); otros seremos despedidos parcialmente (al tener que reducir horas para ajustarnos a los nuevos términos); mientras que los más favorecidos mantendremos nuestro cargo, en caso de resultar seleccionados en una convocatoria que prevee condiciones de contratación que fomentan la vulnerabilidad de las/os trabajadoras/es.

Estos recortes que son parte del recorte presupuestal general dan cuenta que el gobierno elije recortar por el lado de los trabajadores de base y la población más vulnerada, lo que se viene gestando en diversos ámbitos: educación salud, vivienda.

El MIDES convenia con Organizaciones sin Fines de Lucro: ¿cómo éstas podrían pagar despidos directos e indirectos ante la reducción de horas? Asimismo, el MIDES exige a las OSC contratos a término, promoviendo la inestabilidad laboral y el incumplimiento de derechos para el/la trabajador/a último de las políticas sociales.

En todo esto, ¿en qué lugar quedan los y las trabajadores/as? MIDES no paga despidos, las OSC no tienen fondos para ello y los trabajadores tienen derechos; la posibilidad del cobro de los despidos implica años de juicio, romper el vínculo con el contratante y dejar de trabajar en el dispositivo.

Nos preguntamos cómo es que un Ministerio que tiene por misión “contribuir al desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía activa de las y los uruguayos…” incentiva éstos términos de contratación.

Cómo el Ministerio hace suya la misión de promover participación y derechos sin preveer los recursos y propuestas ajustadas para que sea viable?

El SOCAT ha demostrado su impacto en esto, las evaluaciones de MIDES e institutos externos así lo evidencian, sin embargo, se propone la baja tacita de la capacidad de impacto y trabajo de los equipos, bajando horas, ampliando territorios y tareas; queremos explicitar que el decir y el desear, sin compañía de recursos que le den sustentabilidad, es un error estratégico y político de alta trascendencia.

Trabajadores/as de SOCATs

Uruguay, febrero 2016

 

SOCAT Vida y Educación

Barros Blancos

151215 – Comunicado de Prensa de SINTEP acerca del Consejo de Salarios

Montevideo, 4 de diciembre de 2015.
Comunicado de prensa
Los trabajadores de la enseñanza privada nucleados en SINTEP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada) nos dirigimos a ustedes, con el objetivo de dar a conocer a la población en general, la situación en la que se encuentran las negociaciones en el Consejo de Salarios.
En esta nueva ronda de negociación nos estamos jugando el salario y las condiciones laborales por los próximos tres años. El SINTEP ha participado de este proceso aportando ideas, iniciativas y demostrando a cabalidad su voluntad de negociación para llegar a acuerdos tripartitos.

Descargar comunicado: Comunicado de prensa dic 15 (1)

150821 – Para leer en el fin de semana: BRECHA -El encierro adolescente en Uruguay, 10 años de denuncias…

El encierro adolescente en Uruguay
10 años de denuncias sobre la violencia como método de contención.

BRECHA –  http://brecha.com.uy/especiales/el-encierro-adolescente/

Brecha - el encierro adolescente

Descargar recopilación: BRECHA – El encierro adolescente en Uruguay–

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150818 – CIDH condena actos de violencia contra adolescentes privados de libertad en Uruguay

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18 de agosto de 2015

Datos de contacto: María Isabel Rivero
Directora de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9001

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia que habrían cometido funcionarios públicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en contra de adolescentes privados de libertad, en un Centro de Privación de Libertad (Ceprili) en Montevideo, Uruguay. La CIDH insta al Estado a continuar con las investigaciones judiciales emprendidas, sancionar a los responsables y adoptar medidas a fin de evitar que se repitan hechos similares.De acuerdo a la información disponible y a un video de las cámaras de seguridad del Ceprili, dos adolescentes detenidos en el Ceprili habrían iniciado disturbios el 24 de julio de 2015 en la sección de celdas, mientras los funcionarios del INAU estaban en una reunión sindical en el mismo edificio. Más de 30 funcionarios del INAU ingresaron a la sección de celdas perpetrando acciones violentas hacia los internos, quienes al momento de ser atacados estaban desarmados y en ningún momento se les ve en el video oponiendo resistencia. Los funcionarios públicos arrojaron a los adolescentes al suelo y los agredieron con puñetazos  y patadas. Luego utilizaron extintores para incendios a fin de dominar por asfixia a otros adolescentes.

“El video es profundamente perturbador”, dijo la Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH Comisionada Rosa María Ortiz. Esos funcionarios están obligados a otorgar un trato digno a los adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado, privados de libertad en el marco de un proceso que pretende ser de rehabilitación.  La violencia sólo enseña violencia y lo ocurrido debe ser investigado para determinar responsabilidades por estos actos de trato indigno e inhumano. Además el Estado debe implementar medidas de no repetición”.

La información recibida señala que dirigentes del sindicato de trabajadores del INAU declararon a los medios de comunicación que los hechos registrados en este video son prácticas “usuales” en los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay.“Nos resultan particularmente preocupantes las declaraciones que indicarían que estos hechos no fueron una excepción, sino una práctica extendida”, agregó la Relatora. El Estado ya ha recibido un alto número de recomendaciones de los diversos organismos de derechos humanos. Las autoridades estatales deben adoptar de manera urgente medidas de no repetición, tales como las prácticas de justicia restaurativa y los protocolos que antes que enfrentamiento privilegien el diálogo y programas de soluciones alternativas y no violentas de conflictos. Para ello, debe crear las condiciones estructurales y administrativas, con personal idóneo, y deshacerse de los funcionarios que no comulguen con estas prácticas”.

La Relatora destacó además que “el Sistema de Justicia Juvenil no se inicia cuando el adolescente comete un delito, sino con acciones de prevención a nivel local, que desalienten el delito, a través de propuestas alternativas”. Asimismo, reiteró la importancia de trabajar con profesionales adecuadamente capacitados para llegar a los sujetos desde su realidad.  “Diversos estudios señalan que los adolescentes se involucran con el delito por dinero, por ‘ser alguien’, por una búsqueda de identidad, de afirmación y de pertenencia que la sociedad no les ofrece. Los programas de prevención deben, por tanto,  abordar las causas con propuestas apropiadas y significativas, que se ubiquen en el lugar y necesidad de los jóvenes y, a la vez de escucharlos e incluirlos, los protejan del crimen organizado que los utiliza aprovechando su indefensión”.

La Relatora visitó los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay en 2014, y observó condiciones inhumanas, denuncias de tortura y malos tratos, falta de funcionarios capacitados y de actividades educativas y recreativas dirigidas hacia la rehabilitación y reintegración. En el examen periódico correspondiente a Uruguay realizado este año, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU señaló su preocupación por “denuncias de uso excesivo de la fuerza e imposición de castigos colectivos en los centros de reclusión, del confinamiento de los niños y los adolescentes en sus celdas”. Otras organizaciones han expresado su preocupación por este tema, entre ellas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay en diciembre de 2014, la Organización Mundial contra la Tortura en marzo de 2015.

La CIDH reitera su satisfacción por el rechazo de la propuesta de rebaja de la edad penal de los 18 a 16 años, a través de un referéndum en octubre de 2014. Asimismo, la CIDH saluda la iniciativa de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) para la coordinación de la ejecución de medidas socioeducativas, y urge al Estado que asegure los fondos, la estructura y el personal capacitado de manera adecuada para el éxito de la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

En cambio, la Comisión Interamericana expresa su preocupación por los cambios legislativos que han agravado las sanciones a adolescentes en el sistema de justicia juvenil por la entrada en vigencia de la Ley 19.055. Asimismo, resulta preocupante el uso excesivo de la privación de libertad, en menoscabo de la adopción de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, las cuales favorecen la rehabilitación y la reinserción social. “Se piensa que el lugar del joven infractor es la cárcel, y no se comprende por qué no funciona esta medida.  Hoy se sabe que la cárcel no reeduca y es el lugar donde el crimen organizado se fortalece. Es tiempo de apostar, con decisión, a la prevención y a la justicia restaurativa”, señaló la Relatora.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 090/15

150806 – Comunicado de PRENSA ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes

VIDA Y EDUCACION adhiere al comunicado emitido por el Comité de Derechos del Niño Uruguay

http://www.comitednu.org Cte DDNN logo 2014

Montevideo, 06 de agosto de 2015

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:

  • Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con adolescente son los que hemos denunciado junto a familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, atacando a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
  • Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento[1].
  • La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de DDHH toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente la actuación judicial no pondrá fin a la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
  • Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a terminar con la desidia institucional para otorgar las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.
  • Solicitamos a los partidos políticos, a la central de trabajadores y al gobierno en su conjunto una manifestación clara de condena a la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil; puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.

La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga

[1]
[1] http://www.unicef.org/panama/spanish/about_8042.htm
Descargar el comunicado: comunicadoceprili

150724 – INAU: Comunicado de Prensa del 24 agosto 2015

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Rivera, 24 de julio de 2015

Ante los hechos de público conocimiento que llevaron al procesamiento sin prisión de la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, el Directorio de INAU considera necesario declarar:

Su fuerte preocupación y compromiso en garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial y no comercial a lo largo y ancho de nuestro país para dar cumplimiento a los marcos normativos y competencias atribuidas a la institución en estos temas.

Su profundo rechazo a las distintas expresiones de explotación sexual comercial y no comercial entendiendo por ella lo previsto en la Ley 17.815, que la configura como toda forma de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, dejando claramente estipulado que el consentimiento nunca puede ser una excusa.

Lamenta que en este proceso que se inicia a partir de la denuncia realizada por la Dirección Departamental de INAU y que fuera trabajada interinstitucionalmente al igual que en otras anteriores, no se encontraran a los verdaderos responsables del delito de explotación sexual, que son todos aquellos que reconocen haber retribuido con dinero o por otros medios a las niñas y adolescentes a cambio de sexo.

Que acata en todos sus términos la resolución judicial y que llevará a cabo los procedimientos administrativos correspondientes pero que al mismo tiempo respalda el trabajo cotidiano, responsable y abnegado de los y las funcionarias del Instituto que día a día atienden en distintas modalidades y programas a más de 3.861 niñas, niños y adolescentes en el Departamento.

De manera especial quiere reconocer el esfuerzo realizado por la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, dado que vienen realizando junto a todo el equipo de trabajo un esfuerzo importante para dar respuesta y avanzar en un problema extremadamente complejo y que requiere para su combate y erradicación de múltiples actores institucionales y sociales y muy especialmente de toda la ciudadanía, entendiendo que el principal problema lo configuran aquellos que abusan de la vulnerabilidad social, económica y cultural de las niñas y adolescentes.

Asimismo se compromete a redoblar esfuerzos en la prevención, protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes que sufren explotación sexual y por lo tanto se propone revisar y analizar lo actuado hasta el momento, así como definir y acordar nuevas estrategias, mecanismos y protocolos de trabajo y continuar profundizando en la formación y capacitación del personal.

Agradecemos la difusión del presente comunicado.

Comunicación y Protocolo
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150502 – Se reglamentó la Ley de Empleo juvenil

Empleo Decente Juvenil

Que se haga la Ley

foto-archivo-para-campana-compressor-1 Fecha: 29/04/2015

Autor: INJU
Foto: Archivo MIDES

El lunes 27 de abril se firmó, en el Consejo de Ministros celebrado en Melo, el Decreto Reglamentario de la Ley 19.133 de Empleo Juvenil. Se están ultimando detalles y realizando testeos en el sistema informático para la inscripción de las empresas y jóvenes. Oportunamente se comunicará esto en los canales de comunicación de INJU.

El principal objetivo de esta normativa es promover el trabajo decente de las personas jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación profesional desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Para esto, la Ley otorga subsidios a empresas que contraten jóvenes según las siguientes modalidades:

1. Primera experiencia laboral en el ámbito privado y público;
2. Prácticas laborales para egresados y egresadas;
3. Práctica formativa en empresas;
4. Trabajo protegido y promovido.

Asimismo establece subsidios por reducción del horario de trabajo por razones de estudio y para el otorgamiento de días de licencia por estudio adicionales a los obligatorios ya establecidos por la Ley 18.458.

La Ley de Empleo Juvenil prevé acciones afirmativas para el caso de las becas de primera experiencia laboral en el Estado que benefician a mujeres jóvenes, jóvenes afrodescendientes, con discapacidad, y transexuales.

Montos de los salarios: en el sector privado el salario no tendrá un tope. Sí existe un tope para el subsidio que será como máximo, dependiendo de las modalidades contractuales, del 25% sobre $13.567.
En el sector público el salario será de 4 BPC por 30 horas de trabajo.

Práctica laboral para egresados: el joven podrá realizar más de una práctica laboral siempre y cuando se corresponda con otra titulación obtenida en algunos de los diferentes cursos considerados por la ley.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará y articulará las acciones y programas de promoción del trabajo decente juvenil en coordinación con los ministerios de Educación y Cultura y Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud, el INAU, ANEP, BPS y el Instituto de Empleo y Formación Profesional.

Más información aquí

150428 – SIPAV: Comunicado de prensa en el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes

sipiav logoEn el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, rinde cuentas a la ciudadanía de lo actuado durante el año, presentando datos sobre la situación actual.

Se realizará a esos efectos una conferencia en el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de ANTEL, Guatemala 1075, a las 11 de la mañana del 28 de abril, donde se presentará los datos de atención de niñas, niños y adolescentes que han padecido situaciones de violencia en 2014.

Las diferentes formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes son un problema global que afecta a todos los países. Problema que se ha registrado a lo largo de la historia y que ha supuesto distintos niveles de problematización.

Es a partir de la Convención de los Derechos del Niño que los Estados se comprometen a erradicar el maltrato y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y ese compromiso habilita un cambio, promueve modificaciones sociales y culturales y supone un proceso que se va produciendo lenta pero constantemente. Por lo tanto el maltrato y el abuso sexual dejan de ser vistos como fenómeno aislado para constituirse como problema social.

La violencia familiar no es una situación circunscripta al ámbito privado, sino que es consecuencia del modo de relacionarnos en lo social y cotidiano que aparece como habitual y socialmente aceptado.

La violencia en sus múltiples formas, constituye una violación de los derechos humanos que se ha tornado visible gracias a las voces de miles de ciudadanas y ciudadanos que hicieron públicos actos que permanecían silenciados por los muros de la vida privada, y que desafiaron la indiferencia social y marcos normativos anacrónicos.

Se fue logrando así que el Estado desarrolle estrategias articuladas que apuntan a las raíces estructurales de discriminaciones que afectan a niñas, niños, adolescentes, mujeres, y otros grupos “minorizados” (colocados en una posición de subordinación).

María Elena Mizrahi – Coordinadora del SIPIAV

Por entrevistas luego de finalizada la conferencia 099 997 595

150416 – Junta Nacional de Drogas apoya proyectos por $ 1.200.000 – FONDOS CONCURSABLES 2015

LA REPUBLICA | NACIONAL | 16/04/2015 | Pág . 9

Junta Nacional de Drogas apoya proyectos por $ 1.200.000.
FONDOS CONCURSABLES 2015 CON UNA MIRADA MUY ESPECÍFICA

Cuatro proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil fueron seleccionados por la Junta Nacional de Drogas en el marco de los Fondos Concursables 2015, que brindan financiación con el fin de contribuir a la Estrategia Nacional de Drogas.

Las propuestas ganadoras incluyen comunicación social, formación e investigación en Salto, Canelones y Montevideo y recibirán en total $ 1.200.000, dinero que sale del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas.

La comisión evaluadora compuesta por representantes del Mides, el MSP, UdelaR, el PIT-CNT y la Junta Nacional de Drogas, eligió cuatro proyectos entre treinta propuestas calificadas en función de objetivos, actividades; viabilidad y sostenibilidad; relevancia para el diseño de políticas públicas.

Propuestas de intervención

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150211 – Comunicado del CDNU a la opinión pública ante recomendaciones de NN.UU. al Uruguay

 

Cte DDNN logo 201411/02/2015
Montevideo – Uruguay

Estimados/as

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDNN.UU) presentó su documento de Recomendaciones y Conclusiones luego de examinar al Uruguay.
Aquí­ en nuestro país, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU), recibe con buena expectativa los 3 documentos emanados de este órgano del tratado correspondiente a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos adicionales: Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados y Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Adjuntamos el comunicado completo en archivo PDF

Cordiales saludos,

CDNU

Descargar comunicado: Comunicado CDNU ante recomendaciones

150121 – Comité ONU sobre Derechos del Niño examinó a Uruguay

logo-acnudh21 de enero, 2015

GINEBRA/SANTIAGO (21 de enero de 2015) – El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) concluyó este martes 20 de enero su consideración de los informes periódicos combinados del tercero al quinto sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Uruguay. El Comité también examinó los informes iniciales del país a la luz de los Protocolos Facultativos sobre niños en conflictos armados, además de la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil.

Mediante el análisis de los informes presentados por el país, el Comité de Derechos del Niño conversó con una delegación del Estado sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Durante el examen, el Comité se refirió a diversos ámbitos de preocupación, entre los que se encuentra el elevado número de niños viviendo en la pobreza y sobre la discriminación de la que son víctimas.

Los expertos también realizaron preguntas sobre el acceso a la educación –incluyendo para niños y niñas con discapacidad y que viven en la pobreza-, además del incremento de la detención contra menores de edad que han cometido delitos, particularmente a raíz de alegaciones de tortura y violencia policial en centros de menores. Los especialistas señalaron que las penas alternativas no son aplicadas de manera suficiente.

Respecto del Protocolo Facultativo sobre niños en conflictos armados, el Comité lamentó que no exista una prohibición formal de reclutar niños para conflictos armados en la legislación doméstica. También destacaron la importancia de actividades de capacitación para impedir el reclutamiento de niños incluso en circunstancias libres de conflictos armados.

En tanto, sobre el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, los expertos del Comité lamentaron que las definiciones de ofensas previstas por el Protocolo aún no se encuentran plenamente integradas en la legislación uruguaya. Los especialistas expresaron preocupación sobre el gran poder discrecional de las cortes en cuanto a procesar o no los casos de tráfico.

Diálogo interactivo

El diálogo interactivo entre el Comité de Derechos del Niño y las autoridades uruguayas tuvo lugar los días 19 y el 20 de enero en Ginebra. La delegación del Estado uruguayo fue encabezada por la directora de derechos humanos y derecho humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Alejandra Costa, e incluyó a representantes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; del Ministerio de Salud Pública; del Ministerio de Desarrollo Social; como también del Congreso Nacional; del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU); del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA); y de la Misión Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Al presentar los informes, Alejandra Costa comentó que el país confiere gran importancia a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos en ese sentido. También señaló que el país está en proceso de ratificar el Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño -que establece un procedimiento de comunicación-, y ha extendido invitaciones abiertas a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. En tanto, la delegación uruguaya valoró el diálogo con los expertos del Comité a la hora de identificar las áreas donde se requieren más esfuerzos en materia de derechos de la infancia.

Informes periódicos

El Comité de los Derechos del Niño (CRC) es el órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Convención sobre los Derechos del Niño. Uruguay es uno de los 194 Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y, como tal, se le requiere pasar por exámenes regulares ante el Comité de 18 expertos y expertas independientes.

Dicho Comité también supervisa la implementación otros dos instrumentos internacionales: el Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil.

Las observaciones finales del CRC sobre su examen a Uruguay serán publicadas el próximo 4 de febrero en el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=825&Lang=en

En esa fecha, el CRC también divulgará observaciones finales sobre Camboya, Turkmenistán, Gambia, Jamaica, Colombia, Suiza, República Dominicana, Suiza, Mauricio, Tanzania e Irak.

FIN

Para más información sobre el diálogo interactivo entre el Comité y Uruguay, visite (en inglés):

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15498&LangID=E Sigue leyendo

140919 – Comunicado de Prensa Amicus Explotación Sexual

Se presenta intervención ciudadana ante la Suprema Corte de Justicia por el caso de explotación sexual de una adolescente en Maldonado
Montevideo, 19 de setiembre de 2014.- Atendiendo al interés general y a la necesidad de prevenir la explotación sexual de niños y niñas, y a las posibilidades jurídicas que permiten que las Cortes, los Tribunales y en general todos los poderes del Estado cuenten con la perspectiva de la sociedad civil para la resolución de asuntos considerados trascendentales, la Cooperativa Mujer Ahora* y la organización internacional Women’s Link Worldwide** presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia una intervención ciudadana (Amicus Curiae, en lenguaje jurídico) en el proceso que sigue este alto Tribunal por el caso del empresario de Maldonado acusado de explotar sexualmente a una adolescente de 15 años.
Las intervenciones ciudadanas, o Amicus Curiae, son argumentos que personas u organizaciones expertas en el tema objeto de resolución le entregan a los tribunales que lo tramitan, a fin de ofrecerles una perspectiva fundamentada que contribuya al debate jurídico y se ajuste al interés público. La presentación de la intervención ciudadana no supone, de ninguna manera, que los intervinientes se conviertan en partes del proceso.

Descargar comunicado :COMUNICADO DE PRENSA AMICUS EXPLOTACIÓN SEXUAL

Descargar nota amicus curiae: Amicus explotacion sexual WLW &

140916 – La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina su visita a Uruguay y se manifiesta en contra de la reducción de la edad de imputabilidad

CIDH Relatoria Niñez

16 de setiembre de 2014

Montevideo, Uruguay – La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) Rosa María Ortiz, culmina hoy su visita realizada a Uruguay los días 1 al 5 de setiembre de 2014. El objetivo de la visita fue expresar la posición de esta Relatoría en relación a la consulta plebiscitaria que se llevará a cabo en el mes de Octubre próximo, que propone una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años.

Durante su visita, la Relatora fue recibida por el Presidente de la República, José Mujica Cordano; el Vicepresidente de la República y Presidente del Parlamento, Danilo Astori; el Presidente del Poder Judicial, Jorge Larrieux Rodriguez; el Presidente de la Cámara de Representantes, Anibal Pereyra; el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Porto; la Presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze; así como por las Autoridades del INAU, el presidente, Javier Salsamendi, y el director, Jorge Ferrando; por las Autoridades del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), Rubén Villaverde, Jorge Gago y Mónica Rodriguez; por el Secretario de DDHH de Presidencia de la República, Javier Miranda; por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento; por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz; por los Directivos del Centro Ituzaingo y del Centro SER de la Colonia Berro; por los Directivos del Centro de Ingreso TRIBAL y del Centro Residencial La Posada para atención en Salud Mental; por la Directora del Programa “Uruguay Crece Contigo”, Cristina Lustemberg; por el Consejo Nacional Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia, encabezado por el Presidente, Oscar Gómez. Asimismo, la Relatora se reunió con el Coordinador Internacional del PIT-CNT, Fernando Gambera y otros miembros, con el Representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos y Lucía Vernazza, así como con algunos familiares de adolescentes infractores privados de libertad. La Relatora se reunión asimismo con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Comité de Derechos del Niño Uruguay, Gurises Unidos, Vida y Educación, IPRU, El Abrojo, Cotidiano Mujer, CAINFO, DNI-URUGUAY, Jóvenes Maristas, IELSUR, Fundación Justicia y Derecho, SERPAJ y Luna Nueva.

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140617 – La impunidad permite seguir violando hoy los derechos humanos a menores y adolescentes

La impunidad permite seguir violando hoy los derechos humanos a menores y adolescentes

Roger Rodriguez  – 17 de junio de 2014 a la(s) 15:42

CRÓNICAS DE 30 AÑOS EN PERIODISMO

 La puerta de hierro de la vieja Colonia Berro, una imagen que dice mucho.La puerta de hierro de la vieja Colonia Berro, una imagen que dice mucho.

Hace 10 años, el 14 de junio de 2004, publicamos en el diario La República (ver nota al pie) un documento reservado que tres reconocidas Ongs habían entregado a la Suprema Corte de Justicia para denunciar las “prácticas de torturas” que habían confirmado en la Colonia Berro del entonces Instituto Nacional del Menor (Iname). Aquel informe fue corroborado cinco años después, en 2009, por Manfred Nowak, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El escándalo provocó una serie de cambios (en particular en el nombre de las instituciones y establecimientos) para que mucho se modificara y algunas cosas siguieran como estaban.

Hace 10 años, las organizaciones “Oficina Internacional Católica de la Infancia”, “Infancia y Adolescencia Ciudadana” y “Vida y Educación” le decían a los ministros del máximo órgano judicial de Uruguay que en la Colonia Berro se torturaba, que los desnudaban por la noche, que había omisión de asistencia, que existía consumo y tránsito de drogas con colaboración de los funcionarios, que se promovían las agresiones y la intimidación entre los jóvenes, que vivían en condiciones sanitarias deplorables y carecían de un eficiente programa educativo y de reinserción social. Esos eran los ingredientes que habían llevado a la explosión de una serie de motines en los últimos años.

Diez años después, en 2014 se sigue denunciando la existencia de malos tratos en el ahora Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau). El problema sigue estando en el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde hace solo un año, en junio de 2013, el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó “una grave situación” en la que los menores pasaban “entre 20 y 23 horas encerrados”, por lo cual el Inau estaba incumpliendo un sentencia judicial que en 2008 exigió la reducción de los tiempos de encierro. El INDH describió que las celdas no tenían baños, que los jóvenes no tienen acceso a lectura u otras actividades educativas, y que “un alto porcentaje es medicado” con psicofármacos.

Semanas atrás, se denunció “malos tratos” en la Colonia Berro. Intervino la jueza Letrada de Pando, quien interrogó a funcionarios del Ser y entre ellos a su directora, quien ha sido sumariada y separada del cargo (aunque otras versiones dicen que se le concedió la licencia anual). Esta semana, un adolescente hizo público que recibió una “paliza” por funcionarios encabezados por el subdirector del Ser para que “se dejara de denunciar”. Luego de la golpiza lo dejaron en una celda de aislamiento con un colchón y lo trasladaron luego al hospital psiquiátrico por un “desborde” emocional en el que se puso a golpear la puerta de la celda… El presidente del llamado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) dijo que investigará…

El rebrote de denuncias sobre golpizas a menores y adolescentes ocurre cuando en el escenario político (apenas terminado el Mundial Brasil 2014) se lanzarán las campañas a favor de la baja de la imputabilidad o en contra de ella, por el plebiscito de reforma constitucional que se votará junto a las elecciones presidenciales y parlamentarias del octubre próximo. Unos, encontrarán en los nuevos incidentes material para demostrar la peligrosidad de la “minoridad” (a la que a diario muestran, captados por las cámaras de seguridad, robando estaciones de servicio). Otros insistirán en que si se baja la imputabilidad, los robos los harán menores de 15; y defenderán el sistema que en los últimos años se ha implementado para recuperar a los adolescentes, víctimas de la grave crisis del años 2000, entre otros argumentos.

El problema, sin embargo, sigue siendo el de la cultura de impunidad en que vivimos desde la salida de la dictadura. El no castigo a las crímenes cometidos por policías y militares en el marco del terrorismo de Estado impuesto desde las medidas prontas de seguridad en 1968, hace parecer “insignificantes” estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han estado cometiendo en todo el sistema de seguridad del Estado uruguayo, ya sea en la represión sobre adultos (mujeres y hombres) o sobre menores de edad.

El Artículo 22 de la Ley 18.026 (que incorporó al sistema jurídico uruguayo el Tratado de Roma) establece: “El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría”.

Y agrega: “Se entenderá por “tortura”: A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales. B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación”.

No importa que haya ocurrido en los años de gobierno del pachecato, de la dictadura bordaberrysta, de la dictadura militar, del sanguinettismo, del lacallismo, del jorgismo o del frenteamplismo. No importa que el lugar se denomine Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 o Instituto Nacional de Rehabilitación-Unidad N° 3 “Libertad”. No importa si lo llaman Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 o Unidad Penitenciaria de Punta del Rieles. No importa si le dicen Instituto Álvarez Cortéz del Consejo del Niño, Colonia Berro del Iname o Centro Ser del Inau. Por más impunidad que la cobije, la tortura seguirá siendo tortura: un imprescriptible crimen contra la humanidad.

Roger Rodríguez

(17 de junio de 2014)

 

(A continuación, el artículo publicado en el diario La República el 14 de junio de 2004)

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141218 – 18 febrero – Declaración pública de la Comisión Nacional No a la Baja

Estimados periodistas,
Compartimos con ustedes la declaración pública de la Comisión Nacional No a la Baja a razón de las recientes declaraciones del senador Pedro Bordaberry con respecto a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal y la Comisión Nacional No a la Baja. Rogamos su difusión.
Por entrevistas con voceros: Fabiana Goyeneche: 095 019 161/ Federico Barreto: 099 28 44 32
Desde ya muchas gracias,
Saludos
Comisión Nacional No a la Baja
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 Declaración pública de la Comisión Nacional No a la Baja
 
Martes 18 de febrero de 2014

A razón de las recientes declaraciones del senador Pedro Bordaberry con respecto a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal y la Comisión Nacional No a la Baja:

La Comisión Nacional No a la Baja es el espacio de coordinación de todas aquellas organizaciones, colectivos, instituciones, sectores políticos y personas que no comparten la propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal en Uruguay.

El senador Bordaberry insiste con encasillar a la Comisión No a la Baja como órgano del Frente Amplio. No obstante, la Comisión no responde a ningún partido político y está integrada por prestigiosas organizaciones sociales, tales como el Comité de los Derechos del Niño, TECHO, IELSUR, SERPAJ, ANONG, Gurises Unidos, El Tejano, El Abrojo, Ovejas Negras, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (ASCEEP-FEUU), el PIT-CNT, y otras tantas, además de varios sectores político partidarios. Asimismo, también han declarado su negativa a la reforma: UNICEF, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, la Iglesia Valdense, junto a otras figuras políticas relevantes como el senador Jorge Larrañaga, el diputado Pablo Mieres, entre otros, así como muchos jóvenes pertenecientes a todos los partidos políticos.

El senador Bordaberry bien conoce nuestro trabajo, por lo que tomamos sus palabras como un engaño ofensivo y como un insulto a la inteligencia de la población en general, y en especial al trabajo y compromiso de más de 30 organizaciones y sectores políticos que desde 2011 asumieron mancomunadamente esta campaña. El senador Bordaberry no desconoce esta realidad, por el contrario, está muy al tanto de que, a medida que avanza el debate y la reflexión seria y honesta, cada vez más instituciones, organizaciones y personas se convencen de que la propuesta de reforma constitucional es una medida inocua, que muy lejos está de solucionar las legítimas preocupaciones sociales en materia de seguridad y convivencia.

Aclarado el punto, le rogamos públicamente que no vuelva a incurrir en semejante desinformación.

Coincidimos en que estamos ante un tema que excede la campaña electoral y que es imprescindible la puesta en marcha de políticas de Estado. Para ello resulta insoslayable el diálogo con las numerosas y diversas organizaciones sociales y personas expertas en la materia, todas ellas hoy contrarias a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal

Hemos estudiado mucho la propuesta y la situación actual. Hemos confiado en que el camino se traza juntos, a través del más amplio diálogo social e institucional. Los argumentos están de nuestro lado. Por todo ello, invitamos al senador Bordaberry a dialogar públicamente, a debatir paradigmas y propuestas de cara a una sociedad más justa y solidaria.

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