INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO – Montevideo, 1º de setiembre de 2009

1. INTRODUCCIÓN

A efectos de abordar el núcleo central del presente trabajo, resulta necesario contextualizarlo brevemente, explicando cómo opera el calendario electoral uruguayo y cuál ha sido, en Uruguay, la relación entre partidos políticos y OSC, históricamente.

1.1. El calendario electoral uruguayo

La ley constitucional sancionada por la Asamblea General el 15 de octubre de 1996 y ratificada electoralmente por medio del plebiscito llevado a cabo el 8 de diciembre de ese año, introdujo profundas reformas en el sistema electoral uruguayo. Las mismas —radicales e innovadoras para la tradición uruguaya— determinaron, luego de su reglamentación, un calendario electoral quinquenal dividido en etapas concatenadas que se describen a continuación:

1. Elecciones internas: Análogas —aunque sólo en parte— a las elecciones primarias desarrolladas en diversos países (EEUU, por ejemplo), tienen lugar el último domingo de junio del año electoral y constituyen el primer capítulo del calendario electoral. En las mismas se eligen los órganos deliberantes (convenciones) nacionales y departamentales de los partidos políticos (elección interna), pero también sus candidatos presidenciales (elección primaria), a razón de uno por partido.

Compete a las convenciones nacionales electas, de cada partido político, completar las fórmulas presidenciales con la designación de los respectivos candidatos a Vicepresidente de la República (eventualmente, a la convención nacional de un partido político le competerá también designar el candidato a Presidente de la República si ninguno de los precandidatos presidenciales obtuviera más del 50% de los votos correspondientes al partido y la distancia entre el primero y el segundo precandidato fuera menor al 40%).

Esta instancia electoral constituye un requisito preceptivo para participar de las instancias siguientes. Y a diferencia de las instancias electorales posteriores, el voto no es obligatorio.

En las elecciones internas del pasado 28 de junio, resultaron vencedores en sus respectivas internas (sólo se toman los partidos con más de 1.000 votos):

• · Partido Nacional (PN): Luis Alberto Lacalle (57,13%), quien compitiera con Jorge Larrañaga (42,81%) e Irineu Riet (0,06%).
• · Frente Amplio (FA): José Mujica (52,04%), quien compitiera con Danilo Astori (39,68%) y Marcos Carámbula (8,28%).
• · Partido Colorado (PC): Pedro Bordaberry (72,24%), quien compitiera con José Amorín (14,74%), Luis Hierro (11,91%), Daniel Lamas (1,03%), Pedro Etchegaray (0,04%) y Eisenhower Cardoso (0,04%).
• · Asamblea Popular (AP): Raúl Rodríguez, sin competencia interna.
• · Partido Independiente (PI): Pablo Mieres, sin competencia interna.

1. Elección nacional: En un mismo acto electoral se eligen el Presidente de la República y el Vicepresidente, así como la totalidad de los integrantes de la Asamblea General (30 senadores y 99 representantes nacionales), teniendo lugar el último domingo de octubre del año electoral. Si ninguno de las fórmulas presidenciales obtuviera más del 50% de los votos de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta.
2. Segunda vuelta presidencial (“balotaje”): En la hipótesis descrita al final del parágrafo precedente, el último domingo de noviembre del año electoral se realizará una elección entre las dos fórmulas más votadas en octubre.
3. Elecciones municipales: En un mismo acto electoral que tendrá lugar el último domingo de mayo del año siguiente al de la elección nacional, se llevarán a cabo las elecciones de las autoridades (Intendente Municipal y Junta Departamental) de los 19 departamentos del país. Cada candidato a Intendente Municipal, así como sus respectivos suplentes, es nominado por la convención departamental de cada partido político, electa en las elecciones internas de junio del año anterior, correspondiente a cada uno de los 19 departamentos.

El calendario descrito determina, por consiguiente, que en el año en curso (2009) —y buena parte del próximo— Uruguay se encuentre inmerso en campaña electoral. La ocasión, por tanto, resulta inmejorable para analizar qué rol le asignan los partidos políticos uruguayos a las OSC en sus proyectos a futuro.

1.2. Partidos Políticos y OSC

La relación entre los partidos políticos y las OSC ha reconocido diversas etapas. Como acertadamente señala Fernando Rodríguez Herrera (acertado si lo consideramos como una perspectiva histórica), “a la hora de analizar esta realidad, con una mirada sobre cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la estructuración general de la sociedad, se observa que los partidos políticos han ocupado casi que la totalidad del espacio de «lo político». Por lo tanto la construcción de la «cosa pública» ha quedado en manos de los partidos políticos, asumiendo casi exclusivamente una actuación de democracia representativa con poca incidencia de los mecanismos de democracia directa del pueblo o democracia participativa, lo que ha frenado el fortalecimiento del sistema democrático del País”. [1]

A ese diagnóstico —esencialmente correcto— se le debe sumar una tradición estatalista, que hunde sus raíces en la colonia (concepción borbónica), se profundiza a partir del período “militarista” y deviene proyecto cultural a partir del primer batllismo, consolidándose a lo largo de sucesivos gobiernos —batllistas y no batllistas— abrevando tanto en el racionalismo espiritualista krausiano como en las ideas socialistas y, también y no en directa contradicción con éstas, el fascismo italiano.

En el caso uruguayo, la cultura “estado-céntrica” no es contradictoria con la “partido-céntrica”, descrita por Rodríguez Herrera. Antes bien, todo lo contrario. Salvo durante la última dictadura militar, los partidos políticos formaron parte del cerno del Estado y de sus centros de decisión o los disputaron, aceptando implícita y explícitamente su legitimidad.

Por consiguiente, el desarrollo de las OSC ha contado, frecuentemente, con la desconfianza de los partidos políticos —históricamente celosos de su rol de representación ciudadana— o, en los casos en que así no ha sido, debido a la co-optación de OSC o —directamente— su creación y control.

A su vez, desde el lado de las OSC, tampoco ha sido infrecuente —en consonancia con la cultura “partido-céntrica” predominante— la tentación de volcarse a la militancia a favor de proyectos político-partidarios, ya fuera en forma más o menos encubierta o en forma explícita.

 

Por consiguiente, más allá de los avances registrados en el desarrollo de la sociedad civil en las últimas décadas, aún resta camino por recorrer.

ETIVO DEL ESTUDIO

 

El presente estudio pretende indagar el impacto que puede tener la sociedad civil en la agenda política del país, estudiando esencialmente la presencia de la agenda de la sociedad civil en los programas de los candidatos presidenciales en las elecciones de 2009 u otras manifestaciones directas de los candidatos en relación a la sociedad civil.

No resulta sencillo conceptualizar la expresión “sociedad civil”, puesto que a ese respecto no hay definiciones unívocas. Como señala Ramos Montalvo Vargas, “es un asunto de consenso más que un fenómeno de descubrimiento de una realidad social no conocida. El concepto tiene un carácter polifacético, la noción tiene una connotación polémica, destinada a resaltar y enjuiciar uno u otro aspecto del orden existente. Como muchas otras categorías de la teoría política; sociedad civil, al igual que Organización No Gubernamental, no son conceptos claros y unívocos”.[2]

Pese a esas dificultades de conceptualización, a los efectos del presente documento consideraremos como “sociedad civil” al conjunto de organizaciones (OSC)[3], con diversos niveles de (in)formalidad jurídica, que diferenciándose del Estado y los partidos políticos strictu sensu y del mercado, “expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas” (definición del Banco Mundial), abarcando desde asociaciones profesionales y sindicatos a grupos de vecinos, pasando por grupos comunitarios, asociaciones de naturaleza identitaria, fundaciones, iglesias y hasta determinadas cooperativas.

En lo que refiere a la llamada “agenda de la sociedad civil” y su presencia en los programas partidarios, nos referimos a la inclusión en los programas partidarios de los temas que son objeto de la convocatoria de las OSC, así como los espacios de interacción que los partidos y sus liderazgos prevén tener con las éstas, tanto en su calidad de partidos políticos en sí, como en el de de gobernantes o legisladores en la eventualidad de resultar electos.

En cuanto a los temas de la agenda de la sociedad civil, se ha debido efectuar una selección:

• La sociedad civil y sus organizaciones.
• Transparencia en la gestión.
• Desarrollo local.
• Identidad étnica o racial.
• Inclusión de las personas con discapacidades.
• Infancia y adultos mayores.
• La equidad de género; los derechos de la mujer.
• Diversidad sexual.
• Salud sexual y reproductiva.
• Los temas ambientales; cambio climático
• Los aspectos sindicales; los sindicatos
• La responsabilidad social empresarial
• Cooperativismo
• Las iglesias, los grupos religiosos.

A los efectos de este trabajo, no se han considerado los temas más clásicos de gobierno y que eventualmente pueden, sí, formar parte de la agenda de la sociedad civil —como por ejemplo aquellos relativos a las políticas de desarrollo social—, salvo que en los mismos se proyecte involucrar de alguna forma a las OSC —incluyendo a poblaciones eventualmente beneficiarias— o se haga referencia concreta a algunos de los tópicos de agenda arriba referidos.

 

 METODOLOGÍA

Al momento de elaboración del presente informe, no todos los partidos políticos cuentan aún con un programa de gobierno, entendiendo por tal una plataforma que comprenda a todas las fracciones que disputaron espacios en las elecciones internas del 28 de junio pasado. De hecho, al mes de setiembre, el PN, el FA, AP y el PI cuentan con programas únicos, en tanto el PC aún está elaborando el suyo.

Por consiguiente, para el PN, el FA, AP y el PI se han empleado como referencia principal los programas oficialmente presentados para la elección de octubre (y eventualmente, noviembre).

Para el caso del PI, además, se utilizaron materiales programáticos anteriores a la presentación del programa oficial pero que fungieron como tales durante la elección interna. Desde que el PI no tiene corrientes internas que compitan con matices programáticos y pre-candidaturas presidenciales diferentes, apelar a esos documentos anteriores no tergiversa los pronunciamientos partidarios y sirven para ampliar algunos conceptos.

En cuanto al PC, como éste no cuenta aún con un programa oficial y, por el momento, sólo ha integrado grupos de trabajo en diversas áreas con técnicos y dirigentes de las diferentes corrientes partidarias, se ha optado por la siguiente metodología: emplear el programa presentado por Pedro Bordaberry (“Vamos por iguales oportunidades para todos”) para la elección interna del 28 de junio pasado —en la que resultara triunfador por más de un 70% de los votos de los votos de ese partido—, así como su declaración de principios de su fracción partidaria (“Vamos Uruguay” – VU), como las guías fundamentales para las referencias programáticas. Aparte, en forma resaltada, se indican las referencias programáticas de quienes compitieron con Bordaberry en el Partido Colorado cuando haya discrepancias en torno a un tópico, cuando el programa de Bordaberry carezca de toda referencia a un punto en particular o cuando las referencias alternativas presenten, sobre el mismo punto, una propuesta distinta (no necesariamente contradictoria con aquella del sector ganador).

Por consiguiente, los documentos empleados para esta investigación fueron los siguientes:

• Partido Nacional: “Un país independiente, justo y próspero – Programa de Gobierno 2010-2015”.
• Frente Amplio: “Programa de la fuerza política”.
• Partido Colorado: “Vamos por iguales oportunidades para todos” (Bordaberry), más documentos programáticos correspondientes a las precandidaturas de José Amorín y Daniel Lamas.
• Asamblea Popular: “Asamblea Popular – Plataforma electoral”.
• Partido Independiente: “Prioridades para un país más justo e integrado”, más otros documentos programáticos.

Adicionalmente, para complementar los vacíos programáticos, se han incluido declaraciones de prensa, las que se resaltan aparte del cuerpo del texto, citando la fecha y el medio donde fueron publicadas.

En cuanto a la presentación de los tópicos de la agenda de la sociedad civil definidos para este trabajo, se ha optado por una estrategia de “reducción de daños”, dejando que los programas partidarios hablen por sí mismos.

La selección de pasajes de los documentos programáticos supone, de por sí, una valoración de relevancias que es inevitablemente subjetiva. Si a esa valoración subjetiva se le suma una labor interpretativa acerca de qué se pretende expresar en los pasajes seleccionados, en beneficio de la abreviación de los textos, se correría un riesgo elevado de tergiversación involuntaria. Por consiguiente, cuanto ha sido posible, se presentan citas textuales para reducir los márgenes de interpretación subjetiva.

4. LA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROGRAMAS

A continuación presentamos los tópicos de agenda, anterior referidos, en cada plataforma partidaria, con las salvedades señaladas en la sección 3.

El orden en que se presentan responde a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de esos partidos políticos en las elecciones internas llevadas a cabo el pasado 28 de junio.

En cursiva aparecen las citas textuales de los documentos.

4.1. Partido Nacional (Lacalle – Larrañaga)

Programa del Partido Nacional: “Un país independiente, justo y próspero – Programa de Gobierno 2010-2015”.

4.1.1. La sociedad civil y sus organizaciones

El programa no contiene ningún capítulo ni sección que específicamente haga referencia a la sociedad civil o las OSC y el rol que se entiende deberían tener, en términos generales, en el marco de una eventual gestión gubernativa de este partido. Sí, en cambio, aparece un par de referencias a espacios de participación de OSC en materias específicas. Esos casos concretos son los que se detallan a continuación:

a ) Políticas ambientales:

• Apoyar el trabajo de las ONGS interesadas en la conservación del medio ambiente.
• Promover actividades de participación ciudadana orientadas a desarrollar la conciencia ambiental.

b) Desarrollo social:

• Promover el desarrollo del modelo de comunidades productivas.
• Estimular, apoyar y mejorar el sistema educativo no formal, interrelacionando diferentes programas deportivo-comunitarios (Plazas de Deportes, Intendencias Municipales, Clubes, Federaciones, Instituciones de Salud Pública y Privada, etc.).
• Asimismo, para “atender la nueva contingencia social, producto del cambio demográfico”, se proyecta “un sistema que atienda esta nueva realidad social y familiar, con el objeto de estimular una vida autónoma en su medio habitual todo el tiempo que la persona desee y sea posible”, para lo cual se contempla —entre otros aspectos— “una coordinación de acciones públicas y privadas”.
• En la reformulación del INAU, se propone incorporar “ayuda de entidades benéficas”.
• En materia de infancia, se propone, la articulación de “los recursos públicos con los no gubernamentales para optimizar las acciones que permitan la inclusión social de los niños en situación de calle”.
• En materia de embarazos y maternidades adolescentes, se propone “a todos los actores privados que desarrollan acciones eficaces en ese campo”.
• En el marco de las propuestas de rehabilitación de jóvenes infractores, se propone invitar “a participar en esa tarea a entidades benéficas”.

c) Cultura:

• Incentivar, con su participación, la cultura de los afrodescendientes.

4.1.2. Transparencia en la gestión

• Fortalecer a los organismos de contralor y velar por el cumplimiento cabal de sus pronunciamientos.
• Rendiciones de cuentas periódicas a la opinión pública sobre los resultados alcanzados por todos los organismos con el aval de una Agencia independiente de Evaluación.
• Defensa de los Derechos del Ciudadano en su relación con la Administración.
• Crear un Defensor del Usuario que reciba sugerencias y denuncias de los ciudadanos.
• Rendición de cuentas [en la Educación]. Si lo que importa es lograr aprendizajes de calidad para la mayor cantidad posible de alumnos, necesitamos mecanismos que nos permitan evaluar regularmente los resultados de nuestros esfuerzos y, eventualmente, introducir medidas correctivas. Esto supone desarrollar en el sistema educativo una extendida cultura de autoevaluación institucional y establecer agencias públicas, técnicamente autónomas, de acreditación de la calidad educativa.

4.1.3. Desarrollo local

En materia de acciones específicas de desarrollo local, el programa del PN propone:

• Articular con los Gobiernos Departamentales los planes y prioridades de desarrollo local, departamental y regional.
• Transferir gradualmente desde el Gobierno Central a los ámbitos regionales y departamentales competencias y recursos destinados a planes de desarrollo y obras, condicionando la entrega al cumplimiento de Compromisos de Gestión.
• Impulsar inversiones en el ámbito local que consideren al municipio como agente articulador principal, potenciando el Fondo para el Desarrollo del Interior y promocionando polos de desarrollo que atiendan a las características y potencialidades de cada región.
• Creación de Agencias Regionales de Desarrollo, redistribuyendo funcionarios.
• Desarrollar el sector industrial en todo el territorio nacional, para lo cual es esencial establecer un mapeo industrial nacional, identificando los principales centros donde la actividad y la deslocalización han provocado una merma en la actividad y desempleo.
• Estimular polos de desarrollo prioritarios, de modo de establecer políticas e instrumentos que orienten la actividad en todo el territorio nacional.
• Profundizar la descentralización real de la enseñanza universitaria en el interior del país.

Además se piensa en los Gobiernos Departamentales como actores relevantes en las siguientes acciones, referidas a otras áreas de la gestión de gobierno:

• En el sistema referido en 4.1.1.b), referido a las “nuevas contingencias sociales, producto del cambio demográfico”, con el propósito de “estimular una vida autónoma en su medio habitual”, se contempla “la intervención de los Gobiernos Departamentales”.
• En las acciones en relación a los adultos mayores, se proyectan “programas de apoyo público privados con participación de los Gobiernos Departamentales”.
• En materia de políticas de juventud, se considera “a los Gobiernos Departamentales como actores calificados”.

4.1.4. Identidad étnica o racial

A este respecto, el programa del PN incluye dos referencias específicas:

• En el capítulo referido a la “Orientación General del Gobierno”, en la sección que define la “Inversión Social”, se define que el Estado debe “velar por los sectores que han sido limitados en sus oportunidades de desarrollo integral”, entre los que se menciona a “los afrodescendientes”.
• Como ya se ha mencionado, en materia cultural se proyecta “Incentivar, con su participación, la cultura de los afrodescendientes”.

4.1.5. Inclusión de las personas con discapacidades

El programa incluye una referencia en el marco de una definición general y una serie de acciones específicas:

• En el capítulo referido a la “Orientación General del Gobierno”, en la sección que define la “Inversión Social”, se define —como ya se ha referido— que el Estado debe “velar por los sectores que han sido limitados en sus oportunidades de desarrollo integral”, entre los que se menciona a “las personas con capacidades diferentes”.

En materia de acciones específicas, a efectos de “(p)romover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades y minusvalías propiciando su plena integración social”, se señala:

• Creación e instrumentación del Instituto Nacional de Trauma y de Rehabilitación (de alta tecnología) para dar cobertura a aquellos integrantes de la sociedad con capacidades diferentes y secuelas de diferentes orígenes.
• Creación de un Plan de Accesibilidad: eliminación de barreras arquitectónicas en edificios, entornos urbanísticos y transporte público.
• Creación del Servicio de Asistentes terapéuticos para los miembros de la sociedad que no sean autoválidos para evitar la institucionalización prematura.
• Creación de grupo de técnicos para gestionar ayudas especiales a personas con discapacidad o minusvalía.
• Articular con la Comisión Nacional del Discapacitado para lograr la rápida reinserción sociofamiliar y laboral de personas con capacidades diferentes. Cumplir la Ley que reserva 4% de vacantes para discapacitados.
• Establecer exenciones fiscales a los servicios dirigidos a personas con discapacidades.

4.1.6. Infancia y adultos mayores

El programa incluye una referencia en el marco de una definición general y una serie de acciones específicas:

• En el capítulo referido a la “Orientación General del Gobierno”, en la sección que define la “Inversión Social”, se define —como ya se ha referido— que el Estado debe “velar por los sectores que han sido limitados en sus oportunidades de desarrollo integral”, entre los que se menciona a “los jóvenes y adultos mayores desamparados”.

a) Infancia

• Se reforzará el Plan CAIF, generalizando el apoyo a las familias y al desarrollo personal desde las edades más tempranas.
• Articular los recursos públicos con los no gubernamentales para optimizar las acciones que permitan la inclusión social de los niños en situación de calle.
• Acelerar y mejorar los procesos administrativos y judiciales de adopción.
• Actualización de cometidos, organización, recursos humanos e infraestructura del INAU incorporando ayuda de entidades benéficas.
• Implementar acciones destinadas a la niñez y adolescencia en situación de pobreza, fuertemente asociadas a los servicios básicos en centros de educación inicial, escuela primaria y ciclo básico.
• Crear Centros especializados para la atención de adolescentes en situación de consumo de drogas, apoyando orgánicamente a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de tal menester.
• Ejecutar un programa único de asistencia integral de embarazos y maternidades adolescentes, que involucre a todos los actores privados que desarrollan acciones eficaces en ese campo, cubriendo aspectos tales como el fortalecimiento del vínculo madre – hijo, la alimentación, el cuidado de la salud y la asistencia a la madre y su familia para realizar su proyecto de vida.
• Realizar acciones tendientes a que los adolescentes que abandonan el sistema formal de enseñanza puedan prepararse para ingresar en condiciones al mundo del trabajo.

b) Adulto mayor:

• Promover su integración familiar, estimulando acciones de interacción entre miembros de distintas generaciones.
• Habilitar el desarrollo de ciertas actividades remuneradas a quienes, siendo jubilados, desean participar en microproyectos productivos.
• Estimular la autonomía y la ayuda domiciliaria, promoviendo programas de apoyo público privados con participación de los Gobiernos Departamentales.

4.1.7. La equidad de género; los derechos de la mujer

El programa incluye una referencia en el marco de una definición general y una serie de acciones específicas:

• En el capítulo referido a la “Orientación General del Gobierno”, en la sección que define la “Inversión Social”, se define —como ya se ha referido— que el Estado debe “velar por los sectores que han sido limitados en sus oportunidades de desarrollo integral”, entre los que se menciona a las mujeres.

En materia de acciones concretas, además de las ya reseñadas, orientadas a las madres en situación de vulnerabilidad, se señala:

• Fortalecer la institucionalidad de género en el ámbito del nuevo Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia creando una repartición que atienda especialmente la particular situación de la mujer rural.
• Promover el empleo femenino, favoreciendo la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo.
• Ejecutar acciones positivas tendientes a evitar la discriminación de género a nivel educativo, laboral, sindical y profesional.
• Promover el rol de la mujer como madre y primera educadora y trasmisora de valores.

4.1.8. Diversidad sexual

No hay referencias específicas al tema en el Programa de Gobierno 2010-2015. Empero, voceros de primera línea del PN, incluyendo su candidato presidencial, han expresado opiniones críticas a este respecto.

4.1.9. Salud sexual y reproductiva

Existe una sola referencia a esta temática en el Programa de Gobierno del PN, en la sección correspondiente a “Juventud”:

• Estimular la educación para la salud en todos los niveles de la enseñanza, incluyendo la prevención de adicciones y el conocimiento de la sexualidad.

En reiteradas oportunidades los integrantes de la fórmula presidencial del PN, así como otros dirigentes de primera línea de ese partido, han manifestado su oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

4.1.10. Los temas ambientales; cambio climático

Las acciones proyectadas en esta temática son las siguientes:

• Revisar, actualizar y hacer cumplir la legislación en materia ambiental, promoviendo la creación y difusión de un Texto Ordenado.
• Asegurar el cumplimiento, efectividad e implementación nacional de los Acuerdos Internacionales y Declaraciones a las que el país ha adherido.
• Modernizar y agilizar la tramitación de autorizaciones ambientales de alcance internacional.
• Crear el Instituto Nacional de la Biodiversidad como instrumento para la ejecución de las políticas sobre diversidad biológica y una mejor integración del sector privado y la academia.
• Fomentar la innovación en sistemas productivos más sustentables en agricultura, ganadería, pesca, forestación, industria, energía y aprovechamiento de la costa.
• Crear un sistema de información nacional ambiental.
• Exigir técnicas de mejora ambiental en obras financiadas por el Estado.
• Reconocer certificaciones ambientales extranjeras oficiales.
• Desarrollar programas de educación formal que contemplen la temática ambiental.
• Apoyar el trabajo de las ONGS interesadas en la conservación del medio ambiente.
• Promover actividades de participación ciudadana orientadas a desarrollar la conciencia ambiental.
• Promover políticas que introduzcan conceptos innovadores como el bio-diseño, huella ecológica y formas alternativas de generación de energía.
• Apoyar a través de incentivos a las empresas que se orienten a la certificación ambiental de sus procesos.
• Fomentar la capacitación de recursos humanos orientada a la implementación de sistemas de gestión ambiental.
• Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en todo el país. En particular, completar el saneamiento de la costa de Canelones con tratamiento de aguas para riego.
• Promover mediante políticas específicas el equilibrio entre conservación y desarrollo, impulsando en especial el uso generalizado de métodos de evaluación de impacto ambiental.

No hay referencias específicas al cambio climático.

4.1.11 Los aspectos sindicales; los sindicatos

El Programa de Gobierno del PN no contiene referencias específicas a los sindicatos o al rol que se espera de los mismos en una eventual gestión de gobierno. Sólo se hace referencia genérica a los trabajadores en el marco de las relaciones laborales. En virtud de ello, se dará por bueno que esa mención refiere a los trabajadores organizados, respecto de los cuales y su contraparte —empleadores— se proyectan las siguientes acciones:

• Refundar el modelo de relacionamiento entre trabajadores y empleadores, sustituyendo la confrontación por la cooperación en la búsqueda de más y mejor empleo.
• Promover —en tal sentido— un modelo colaborativo de desarrollo maduro de las relaciones laborales, reconociendo las divergencias y buscando los comunes denominadores.
• Ampliar la concepción actual de negociación colectiva en los Consejos de Salarios, interpretándola como una forma de diálogo social y fortalecimiento democrático.
• Incluir como aspecto principal el establecimiento de compromisos de empresarios y trabajadores orientados a impulsar en forma permanente el aumento de la productividad, a mejorar las condiciones de trabajo y aumentar el ingreso de los trabajadores.
• Afirmar la certidumbre jurídica en las relaciones laborales, estableciendo claramente las consecuencias de cada acción u omisión.
• Promover conductas sustentadas en el respeto, el reconocimiento mutuo y el involucramiento permanente en las formas de gestión de los recursos humanos, capaces de estimular y profesionalizar a los trabajadores, previendo formas de resolución de conflictos eficaces y focalizadas en la empresa.
• Desarrollar marcos regulatorios específicos para acuerdos de trabajo de naturaleza más flexible, como contratos de trabajo a distancia y otros derivados de las nuevas formas de organización del trabajo.
• Asumir desde el Estado un rol activo para el desarrollo de relaciones laborales centradas en el interés común.

Sin embargo, el PN cuenta con una Secretaría de Asuntos Sociales (SAS), creada en 1983 con el decidido patrocinio de Wilson Ferreira Aldunte, disuelta en los años 90 y relanzada durante la gestión de Jorge Larrañaga —hoy candidato a Vicepresidente de la República— como Presidente del Directorio del PN. La SAS procura apoyar a los integrantes del PN que desarrollan militancia en organizaciones sindicales, profesionales y estudiantiles, pero no está a cargo del relacionamiento político formal entre el Partido y los sindicatos u otras organizaciones gremiales, ni imparte formalmente instrucciones políticas a sus integrantes.

Desde el PN —y la SAS— se critica acerbamente la —en su percepción— adscripción partidaria de la central sindical PIT-CNT al oficialista Frente Amplio.

Asimismo, el candidato presidencial Lacalle ha expresado su oposición a la existencia de organizaciones sindicales que nucleen a funcionarios policiales.

En otro orden, la fórmula presidencial nacionalista concurrió a la sede del PIT-CNT para entrevistarse con el Secretariado Ejecutivo de la central sindical, reiterando su convocatoria a suscribir un “pacto social” en caso de triunfar en las elecciones.

4.1.12. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Existe una sola mención a la RSE explícita en el programa, dentro de las acciones que se proyectan para el sector agropecuario:

• Cuidar los aspectos fito y zoo sanitarios, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social empresarial, la innovación tecnológica y la gestión de los mercados como elementos diferenciadores y de agregado de valor.

Además de esa referencia, el programa incluye, en distintas áreas temáticas, acciones que eventualmente podría involucrar estímulos a la RSE, algunos de los cuales ya han sido mencionados:

• Fomentar la innovación en sistemas productivos más sustentables en agricultura, ganadería, pesca, forestación, industria, energía y aprovechamiento de la costa.
• Apoyar a través de incentivos a las empresas que se orienten a la certificación ambiental de sus procesos.
• Fomentar la capacitación de recursos humanos orientada a la implementación de sistemas de gestión ambiental.
• Fomentar el compromiso del sector privado con el sector público para “Uruguay Ejemplo Deportivo 2020”.
• Promover el empleo juvenil mediante estímulos a su contratación respaldando el Proyecto de Ley del P.N. del presente año que propone incentivos a los empresarios con ese fin.

4.1.13. Cooperativismo

• Analizar la exoneración de aportes patronales a las cooperativas agrarias.
• Procurar la eliminación de la imposición a la renta en el caso de la devolución de aportes sociales de las cooperativas.
• Promover el desarrollo de microfinanzas y financiamiento de instalaciones de las cooperativas.
• Fomentar la participación de las cooperativas en el mercado de capitales.
• Promover una capacitación técnica suficiente para que los asociados puedan participar en la dirección de las cooperativas de manera idónea y responsable.
• Estimular el acceso de las cooperativas a programas de mejora y certificación de calidad.
• Desarrollar una formación en valores que promueva la solidaridad entre los individuos, educándolos para la construcción conjunta de nuevos emprendimientos.

4.1.14. Las iglesias; los grupos religiosos

No hay referencias a este tópico en el programa.

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4.2. Frente Amplio (Mujica – Astori)

El programa fue aprobado por el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini, en diciembre de 2008, y cuenta con dos grandes áreas: una evaluación de la gestión de gobierno llevada a cabo en el período 2005-2010 (“Punto de partida, logros y líneas estratégicas del primer gobierno frenteamplista”) y una estrictamente programática, que plantea las orientaciones hacia un eventual segundo gobierno del FA para el período 2010-2015 (“Hacia una estrategia de desarrollo nacional”).

4.2.1. La sociedad civil y sus organizaciones

a) Referencias globales:

El programa del FA contiene, dispersas a lo largo del mismo, múltiples referencias al involucramiento de la sociedad civil organizada en la ejecución y/o diseño de diversas políticas públicas. De hecho, como definciones básicas, el programa establece las siguientes formulaciones, dispersas en diversas secciones que postulan el marco ideológico en que se proyectan las políticas a llevar a cabo:

• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes y programas es una línea estratégica prioritaria. Serán interlocutores en materia de política pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y usuarios de los servicios.
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales, sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas directas.
• La sociedad democrática tiene en las fuerzas políticas protagonistas fundamentales. Por ello tenemos claro que no debemos transferir al gobierno responsabilidades intrínsecas a las organizaciones políticas y la sociedad civil organizada.
• La gestación de un bloque político social alternativo que genere un nuevo consenso social, se debe constituir en el sustento básico de esta estrategia democratizadora. En ese sentido deben procurarse desarrollar políticas públicas que impliquen el compromiso de la sociedad con el cambio, a través de estructuras de participación ciudadana y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
• El desarrollo de políticas públicas democratizadoras, requieren de la creación de una institucionalidad incluyente de la sociedad civil, que haga suya el proyecto transformador, lo controlen socialmente y lo impulsen.

Así, en diversas áreas temáticas abordadas por el programa, se plantean instancias de involucramiento de las OSC en mayor o menor medida. En determinadas áreas —corresponde señalarlo— hay referencias a “la sociedad civil”, simplemente, y en virtud del contexto en que se formulan tales referencias difusas, puede inferirse que las mismas suponen —o podrían hacerlo— la sociedad civil organizada.

b) Desarrollo Social:

• Los programas y servicios sociales deberán fortalecer dispositivos que fomenten la participación de los protagonistas en los programas, considerándolos sujetos de derechos, con voz e incidencia en relación a las propuestas que se implementan.

c) INAU:

• Fortalecimiento del INAU como Organismo Rector de la Política de Infancia y Adolescencia, adquiriendo mayores capacidades institucionales en la orientación, diseño, seguimiento, control de la gestión de las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como la articulación con las instituciones públicas del Sistema de Protección Social, Educación, Salud y Justicia entre otras.
• Fortalecer la política de diálogo con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones Populares (movimiento sindical, cooperativo, entre otros) a través de mesas de debate y la política de convenios que mejore los mecanismos de transferencia de fondos, supervisión, control y evaluación de los proyectos, consolidando el papel del estado como contralor de la calidad de los servicios tercerizados.

d) Vivienda:

• Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales y a la sociedad civil organizada. Se tomará especialmente en cuenta al sistema cooperativo, considerando su importante aporte —reconocido internacionalmente— a la solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros emprendimientos asociativos.
• Profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores, no solamente en fases tales como el diseño del hábitat y el aporte del trabajo a la obra, sino también en niveles de decisión y gestión.

e) Medios:

• Promover la democratización de los medios de comunicación, logrando así que la sociedad civil pueda generar un espacio donde no este en juego la competencia del mercado, sino que lo principal es la creación cultural por parte del colectivo.
• Continuar en la construcción de un marco regulatorio adecuado en materia de adjudicación de frecuencias de radio y TV y en la asignación de publicidad oficial, impulsando una mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de comunicación.
• Consolidar el reconocimiento de los medios comunitarios y su rol en la sociedad, implementar políticas activas para su desarrollo.
• En el proceso de democratización de la comunicación, fortaleciendo los medios de comunicación públicos, generando en el sector privado una efectiva libre competencia y participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de comunicación.

f) Violaciones a los derechos humanos en la dictadura:

• La creación de una estructura institucional con integración gubernamental y no gubernamental para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos, resulta relevante para un próximo período de gobierno.

g) Mercosur:

• Es necesario intensificar los vínculos entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales. El Foro Consultivo Económico y Social debe estimularse y jerarquizarse, buscando lograr una mejor articulación con la toma de decisiones del bloque.

h) Repatriación de la diáspora uruguaya:

• El retorno de nuestros compatriotas requiere de la participación directa de los involucrados. Una política de retorno de los uruguayos exige un programa desde un proyecto de País posible, con una estructura institucional, una Oficina de Retorno y Bienvenida que involucre nuevos actores desde lo estatal y municipal junto con otras estructuras de la sociedad civil, con la imprescindible participación de quienes viven fuera de fronteras, que sólo lo podrán hacer si previamente se les reconocen sus derechos ciudadanos.

i) Política cultural de Cancillería:

• Las acciones exteriores deben tener coherencia, lo que implica maximizar la coordinación permanente con otros organismos como el Min. de Educación y Cultura, de Turismo y Deporte, de Industria, Energía y Minería, gobiernos departamentales, ONG, sectores privados, etc.
• Proseguir en el diálogo permanente con la sociedad civil, estructuras del Estado e instituciones educativas públicas y privadas, a fin de tomar las demandas de proyectos donde se exprese la diversidad de la cultura nacional fuera de sus fronteras.

4.2.2. Transparencia en la gestión

En materia de transparencia en la gestión, existen referencias a lo largo de todo el programa. Empero, como medida concreta, específica, se encuentra la siguiente, ya mencionada en el punto anterior:

• [Impulso de una nueva Ética de la Función Pública] (e)n la construcción de un Sistema de Información que apoye el diseño y desarrollo de políticas públicas. En relación con la sociedad civil, la generación de canales de comunicación interactivos, consolidando la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad del Conocimiento y la Información (AGESIC). Avanzar en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, dando un salto cualitativo en los servicios estatales en materia de transparencia y servicio al ciudadano.

Las referencias en el programa en materia de contralores, refieren casi exclusivamente a contralres desde el Estado hacia los agentes no gubernamentales (empresas, prestadores de servicios, OSC, etc.).

4.2.3. Desarrollo local

En materia de acciones a emprender para estimular el desarrollo local, las mismas —como en otras áreas— se encuentran dispersas en diversos capítulos. A ese respecto, se han podido identificar las siguientes:

• La descentralización del Estado como proceso, debe involucrar a los gobiernos municipales articulándose con el gobierno nacional en el diseño y en el objetivo esencial de la descentralización: el ciudadano.
• Una parte del proceso descentralizador, la desconcentración de servicios, es acercar las oficinas estatales o municipales a la gente. Pero el esfuerzo principal es la gestación de formas de participación social en las políticas públicas. El logro de desarrollos locales, eliminando los obstáculos existentes, se constituyen en parte esencial de la estrategia de desarrollo nacional.
• Diversificación de la matriz energética (tanto de fuentes como de proveedores), con énfasis en las energías autóctonas, preferentemente renovables, y privilegiando emprendimientos que generen desarrollo local.
• Creación de centros de desarrollo sustentable, que impliquen concertación entre sindicatos, empresarios, gobiernos locales y diferentes actores sociales, que gestionen y coordinen proyectos de desarrollo local. Que ofrezcan formación específica para la realidad laboral de cada región (teniendo en cuenta la formación dentro del proceso educativo).
• Promover mecanismos tendientes a ampliar la transferencia en la gestión y en la ejecución de los programas, recurriéndose a los gobiernos departamentales y locales y a la sociedad civil organizada.
• Profundizar los mecanismos de participación, concibiendo la participación como el acto de delegar poder; en este sentido el gobierno Nacional debe articular con los gobiernos Departamentales, políticas que promuevan la accesibilidad y creación de cultura para la sociedad toda, respetando la particularidad de cada una de las localidades.
• Tener en cuenta las realidades territoriales y locales, logrando una coordinación desde el gobierno Nacional con los gobiernos Departamentales, para generar políticas de empleo y emprendimientos productivos acordes a dichas realidades. En este mismo sentido las políticas de descentralización, particularmente en el sistema educativo atenderán lo anteriormente mencionado (dando particular respuesta a los jóvenes que viven en el campo, evitando la migración forzosa hacia la ciudad). Para esto es necesaria una Coordinación y planificación regional, con los sectores involucrados.
• Fortalecimiento institucional de las capacidades de los gobiernos departamentales y locales, donde la asignación de recursos técnicos y materiales esté directamente relacionada a sus esfuerzos de planificación territorial y de la puesta en funcionamiento de los instrumentos previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial. La introducción de los sistemas de información y de las nuevas tecnologías aportara eficacia a la gestión territorial,
• Apoyo a las autonomías locales necesarias para el desarrollo autogestionario, y la promoción de servicios y vínculos socio-productivos a escala local.

4.2.4. Identidad étnica o racial

A lo largo del programa se encuentran las siguientes referencias en materia de metas, sin mencionar medidas concretas:

• Asimismo, una estrategia de desarrollo nacional incluirá políticas de equidad de género, generaciones, razas y etnias.
• La equidad étnico racial se incluirá como orientación permanente. Se deberá avanzar en la visibilización del problema, atender los factores culturales que lo sostienen e instrumentar mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades.
• Una vez cumplidas las etapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el proyecto educativo a implementar fortalecerá […] la formación de docentes y […] la capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de equidad de género, razas y etnias.
• El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y raciales.
• Sin mención específica a los temas étnicos o racionales, pero presumiblemente incluidos en la referencia, se señala que “las políticas sociales estructuran orientaciones de carácter universal, sin desmedro de la necesidad de acciones positivas, planes y programas orientados a colectivos específicos o situaciones de vulnerabilidad o riesgo social”.

4.2.5. Inclusión de las personas con discapacidades

Se trata de referencias como metas o focos de interés, sin plantear medidas específicas:

• Se trata de mejorar el bienestar de las familias, buscando la ampliación y reproducción de capacidades humanas. Preocupa especialmente las situaciones de niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores sin cobertura de la seguridad social, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, la cuestión del uso problemático de drogas, el maltrato y la violencia doméstica.
• Generar políticas culturales inclusivas con relación a las personas con discapacidad. Empezando por mejorar la accesibilidad a los bienes culturales, pero también estimulando su producción creativa.

4.2.6. Infancia y adultos mayores

a) Infancia

• El Sistema de Protección Social deberá tomar en cuenta los ciclos vitales de las y los ciudadanos para contemplar las diversas situaciones de riesgo y vulnerabilidad. El reconocimiento de la infantilización de la pobreza como problema estructural del país, así como las diversas situaciones de exclusión social vividas por las y los adolescentes y jóvenes serán especialmente atendidas.
• El Uruguay de hoy debe reconocer que su población infantil y adolescente es la más expuesta a sufrir condiciones de desigualdad social, ya que la pobreza y exclusión aumenta cuanto menor edad se tiene. Todas las políticas y programas se enmarcarán en los principios orientadores de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, así como en las normativas internacionales.
• El INAU deberá, en el próximo período, avanzar en la transformación institucional que le permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores. Deberá impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y sistemas de creencias que nos atraviesan. Se fomentará el ejercicio activo de una ciudadanía plena infantil y adolescente, promoviendo la creación de espacios formales e informales de participación.
• Las políticas hacia la Infancia y Adolescencia requieren de un abordaje transversal: el Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles: inicial, primario, secundario y técnico, deberá ampliar su cobertura y desarrollar programas que faciliten el ingreso y permanencia de niñas, niños y adolescentes al sistema, garantizando su formación integral; el Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso al mismo. También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación, instrumentos relevantes de promición de salud, integración social y desarrollo cultural.
• Las familias en sus más diversos arreglos representan el ámbito deseado y deseable para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes; en consecuencia es necesario promover planes y programas de implantación local que permitan el fortalecimiento de los lazos y redes comunitarios así como los vínculos intrafamiliares, profundizar en las políticas alimentarias, y garantizar los planes de acceso y/o mejora de la vivienda y el hábitat representan líneas estratégicas prioritarias.
• Consolidar las redes de promoción y protección a niños, niñas, adolescentes y familias, con énfasis en el trabajo territorial. Mesas Interinstitucionales, Redes de Infancia.
• Consolidar la atención integral a niñas y niños en su primera infancia a través del fortalecimiento de una red de servicios público – privados.
• Avanzar en los procedimientos y mecanismos vinculados a la adopción promoviendo una mayor agilización de los trámites en el marco del respeto de los derechos de niñas y niños.
• Multiplicar los equipos de trabajo y los centros de atención en todo el país, priorizando, desde el punto de vista temático: Adolescencia, Adicciones, Maltrato y Abuso, Situaciones de Calle.
• Apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del “Sistema INAU”: educación, trabajo, vivienda, vínculos familiares.
• Promover el trabajo con medidas socio-educativas para adolescentes que presenten problemas en relación a la observancia de la ley, y definir la inserción institucional del sistema de ejecución de medidas para adolescentes que cometieron infracciones a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad.
• La ejecución de medidas privativas de libertad de las y los adolescentes son una responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de imputabilidad de las y los adolescentes
• Desarrollar una política articulada con el Sistema Judicial y el Ministerio del Interior para las situaciones de adolescentes con privación de libertad, fortaleciendo los dispositivos institucionales con medidas de atención integral a la salud, socioeducativa y recreativas en ámbitos de pequeño porte.

b) Adulto mayor:

• Reducir la pobreza requiere aumentar los ingresos más bajos: el salario mínimo nacional y el del servicio doméstico, la jubilación mínima y la pensión a la vejez.
• Deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional: derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío especialmente estratégico para el país.

4.2.7. La equidad de género; los derechos de la mujer

• Una estrategia de desarrollo nacional incluirá políticas de equidad de género, generaciones, razas y etnias.
• La Equidad de Género y de Derechos asegurando el goce y ejercicio en las condiciones de igualdad para hombres y mujeres de las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública
• El mecanismo gubernamental para el adelanto de las mujeres deberá ser jerarquizado, fortaleciendo así la institucionalidad de Género, dotándolo de mayor capacidad de incidencia política y técnica, de manera de cumplir con los mandatos programáticos.
• La equidad de género deberá ser contemplada en el diseño e implementación del Sistema de Protección Social como en los diversos dispositivos institucionales. Esta implica el reconocimiento de la desigualdad de oportunidades para las mujeres y mayores dificultades para el acceso a los bienes materiales y culturales y a los servicios sociales públicos.
• Se requiere adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad.
• En el entendido que las pasantías son una herramienta valorable al momento de otorgarles a los estudiantes la posibilidad de generar, tanto formación como experiencia laboral en su disciplina; es necesario, homogeneizar el marco regulatorio para evitar la precarización del trabajo de los jóvenes en general y de las mujeres en particular.
• Medidas contributivas y no contributivas deberán complementarse para generar procesos de inclusión sociolaboral de los desocupados de larga duración, especialmente jóvenes y mujeres.
• Una vez cumplidas las tapas necesarias para la aprobación final de la Ley de Educación, el proyecto educativo a implementar fortalecerá […] la formación de docentes y […] la capacitación de los no docentes que pertenecen al sistema. Se hace especial hincapié en la necesaria formación de actitudes basadas en la conciencia crítica ante la realidad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la aceptación de la diversidad cultural y la promoción de equidad de género, razas y etnias. (Ya mencionado en 4.2.4)
• El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y profundizar las políticas activas de empleo, quien priorizará sectores y grupos de acuerdo a barreras ocupacionales específicas y a criterios de equidad de género, generacionales y raciales. (Ya mencionado en 4.2.4)
• Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de los medios de comunicación, utilizando un lenguaje inclusivo y que no reafirme los roles asignados por sexo.
• Dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación (CEDAW) y la Convención Iberoamericana de Belén do Pará, manteniendo una activa política de apoyo a las iniciativas sobre equidad de género para la superación de las situaciones socioeconómicas y culturales de desigualdad, discriminación y subordinación.
• Incluir la paridad en la representación de mujeres y varones, con el criterio de alternancia, en cargos de decisión política, como expresión de la igualdad de derechos y responsabilidades en la conducción del país y la construcción de su destino (según lo expuesto y ratificado por nuestro gobierno en las convenciones internacionales así como en el Consenso de Quito).

4.2.8. Diversidad sexual

Al respecto, se ha encontrado una sola referencia, contenida en el Anexo programático elaborado por la Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Amplio:

• Impulsar desde el gobierno un plan anti- discriminación y prodiversidad. Promover desde el Poder Legislativo la posibilidad de matrimonio entre parejas del mismo sexo.

4.2.9. Salud sexual y reproductiva

• Deberán delinearse Políticas de Población con un enfoque multidimensional: derechos sexuales y reproductivos, políticas integrales hacia la vejez, sistema de protección y seguridad social, modelos de familia y sistemas de cuidados, cambios culturales, las expectativas juveniles, la emigración, entre otros aspectos representan un desafío especialmente estratégico para el país. (Ya mencionado en 4.2.6)
• Políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto.
• El Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucal, entre otros, garantizando el acceso al mismo.
• Profundizar los objetivos de no discriminación e igualdad, mediante políticas tendientes a recuperar el terreno avanzado en material legal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

4.2.10. Los temas ambientales; cambio climático

• [Planificar] el desarrollo de un espacio ambiental seguro y soberano que posibilite y promueva un Uruguay de producción sustentable.
• Definición de una nueva institucionalidad para la ordenación y gestión ambiental del territorio que supere la actual ubicación sectorial facilitando su tratamiento transversal e intersectorial y directamente relacionado a políticas de desarrollo.
• La elaboración y desarrollo de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, que definan los lineamientos generales de utilización del territorio en cuanto a infraestructuras, estructuras, grandes instalaciones industriales y zonificaciones productivas, junta a la puesta en valor de las singularidades e identidades locales, y la protección de los recursos naturales, ambientales y culturales.
• Partiendo de una imagen prospectiva del país que queremos y del territorio que necesitamos a mediano y largo plazo, debemos desarrollar una política nacional de ordenamiento ambiental del territorio que contribuya, tanto a la articulación de la promoción productiva con la gestión eficaz y sostenible del territorio, como a la inclusión social con integración espacial.
• La conformación de la estructura productiva debe centrarse en dos criterios básicos: la competitividad y la generación de empleo productivo, sin descuidar las sustentabilidad de los recursos naturales a largo plazo. Esto significa elegir rubros, actividades económicas con posibilidades de competitividad actual y futura y de generación de empleo. La elección de rubros es lo que permite avanzar en políticas activas, sectoriales y selectivas
• En todos los tipos de producciones se profundizará la política actual de asegurar la sustentabilidad de los recursos naturales involucrados (tierra, aguas y aire).
• Debemos avanzar en acuerdos sobre temas que hasta ahora se han reservado solamente a las negociaciones extrarregionales del tipo TLC, nos referimos a normas comunes para la inversión extranjera (incluidas las de sustentabilidad medioambiental), para la propiedad intelectual, para las compras del estado, para el estado sanitario regional, etc.

No hay referencias específicas al cambio climático.

4.2.11 Los aspectos sindicales; los sindicatos

El programa contiene múltiples referencias a los sindicatos o al rol que se espera de los mismos en una eventual segunda gestión de gobierno. En otros pasajes, se hace referencia genérica a los trabajadores en el marco de las relaciones laborales o de procesos de reformulación de gestión. En virtud de ello, se dará por bueno que esa mención genérica refiere a los trabajadores organizados, salvo que ostensiblemente no sea el caso:

• La articulación con diversidad de actores a la hora del diseño e implementación de planes y programas es una línea estratégica prioritaria. Serán interlocutores en materia de política pública actores públicos y privados, funcionarios y sindicatos, organizaciones sociales y usuarios de los servicios. (Ya está en 4.2.1)
• La expansión de derechos ciudadanos requiere profundizar las instancias creadas para el diálogo y la articulación, reconociendo la participación calificada de organizaciones sociales, sindicales, de usuarios de servicios y de ciudadanos a través de instancias de consultas directas. (Ya está en 4.2.1)
• Creación de centros de desarrollo sustentable, que impliquen concertación entre sindicatos, empresarios, gobiernos locales y diferentes actores sociales, que gestionen y coordinen proyectos de desarrollo local. (Ya está en 4.2.3)
• Es necesaria, por parte de los empresarios, una actitud competitiva, innovadora, comprometida con el cambio técnico, en un marco de responsabilidad social. Asimismo es necesario el involucramiento de los trabajadores porque el trabajo y la calidad del mismo tienen un rol central en el funcionamiento de la economía. Son necesarios acuerdos tripartitos que, abarcando los temas salariales y las condiciones de trabajo, también alcancen a la producción, los sistemas de calidad y la innovación, en donde todas las partes tienen conocimientos que aportar.
• Políticas de salud para todos los trabajadores, [deberá ser] elaborada en forma tripartita entre trabajadores, empresas y el Estado.
• Control obrero a través de la co–gestión de los entes y servicios descentralizados con participación de los trabajadores organizados en todos los ámbitos donde se realiza la toma de decisiones.
• En la planificación estratégica a mediano y largo plazo y en la construcción de compromisos de gestión, discutiendo los planes de los organismos con la participación activa de los trabajadores.

4.2.12. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La única referencia a este punto que se registra —más en términos de aspiración que de acción concreta— es la siguiente:

• Es necesaria, por parte de los empresarios, una actitud competitiva, innovadora, comprometida con el cambio técnico, en un marco de responsabilidad social.

4.2.13. Cooperativismo

• Tender desde el Estado a romper con la relación patrón-obrero, fomentando la formación de emprendimientos asociativos y cooperativos.
• Apoyar distintas formas de propiedad incorporando formas mixtas entre estatales y privadas, de propiedad social y de autogestión
• Definir políticas e instrumentos tendientes a una expansión de las prácticas cooperativas y modelos de la economía social, asumiendo los actores responsabilidad directa en el desarrollo de emprendimientos eficientes, eficaces y socialmente comprometidos.
• El Estado debe jugar un rol activo en la promoción de las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas de producción que suelen tener dificultades, a veces externas y otras internas, para su consolidarse como actores económicos.
• La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los dueños y los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria.
• Apoyar a los trabajadores en la iniciativa que tuvieron en la recuperación de empresas, para recuperar sus fuentes de trabajo perdidas, mediante el financiamiento del Estado. Al mismo tiempo se deberá facilitar la concreción de emprendimientos productivos, como micro empresas y cooperativas, para lo cual es necesario una política de otorgamiento de créditos acorde a la realidad actual del país y en particular la de los jóvenes.
• Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales facilitando el acceso al crédito, ya que esa de las vías en la generación de empleo genuino, a la vez que promueve la integración social en el marco de nuevas relaciones laborales.
• Se instrumentarán políticas diferenciales que atiendan a las PYMES del sector [pesquero] así como a pescadores artesanales y acuicultores procurando en estos los agrupamientos cooperativos.
• Se tomará especialmente en cuenta al sistema cooperativo, considerando su importante aporte —reconocido internacionalmente— a la solución del problema habitacional, a la construcción de ciudadanía y organización social. También se tomará en cuenta la autoconstrucción asistida y otros emprendimientos asociativos. (Ya está en 4.2.1)

4.2.14. Las iglesias; los grupos religiosos

No se registran referencias a este punto.

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4.3. Partido Colorado (Bordaberry – De León)

Programa “Vamos por iguales oportunidades para todos”, más las referencias programáticas adicionales ya mencionadas en 3.

4.3.1. La sociedad civil y sus organizaciones

El programa de VU no contiene ningún capítulo ni sección que específicamente haga referencia a la sociedad civil o las OSC y el rol que se entiende deberían tener, en términos generales, en el marco de una eventual gestión gubernativa de este partido, salvo en dos puntos, referidos más a metas o aspiraciones que a acciones concretas que se proyecten implentar.

Una referencia aparece en la Declaración de Principios del referido sector partidario, en cuanto al principio de involucramiento de los propios beneficiaros de determinadas políticas en la implementación de las mismas:

• No queremos financiar la pobreza de manera que la perpetúe, consolidando así su dependencia del favor estatal. Por el contrario: lo que hay que hacer es ayudar a los pobres a que se ayuden a sí mismos para dejar de serlo y no depender más que de su propio esfuerzo.

La otra es genérica en materia de políticas sociales:

• Las políticas sociales vigentes deben reorientarse fuertemente en función de estos principios, fundamentalmente a través de programas de micro-crédito y de la reforma del Estado, con gestión en función de resultados, corrigiendo y eventualmente sustituyendo intervenciones inefectivas por otras que logren los objetivos señalados. Estos principios se vinculan también con la responsabilidad social de las empresas y con la organización de las comunidades, para que aportan su contribución complementaria al esfuerzo del Estado.

4.3.2. Transparencia en la gestión

• A través del Presupuesto General de Gastos e Ingresos y de las Rendiciones de Cuentas implantar una gestión pública basada en metas esperables por Programa y resultados obtenidos, que incluyan Indicadores de Gestión.
• Universalizar los “contratos de gestión” entre los organismos públicos y sus Unidades Ejecutoras, de forma que sus gerentes sean evaluados en función de los resultados obtenidos (comparados con metas preestablecidas) y sus retribuciones sean influidas (positiva o negativamente, según el caso) en función de esos resultados.
• Reformular el Tribunal de Cuentas en dos áreas funcionales: i) Fiscalización operativa en términos del cumplimiento de la normativa jurídica y ii) Evaluación de la Gestión en lo referente al logro de las metas establecidas y la eficiencia para lograrlo.
• Gestión en el sistema educativo: Vamos Uruguay bregará por avanzar hacia una gestión basada en la responsabilidad institucional en los diferentes niveles del sistema, con énfasis en la gestión local por parte del propio centro educativo, teniendo en cuenta indicadores de logros y calidad los que deberán ser compartidos con la sociedad en su conjunto.
• Evaluación como instrumento de cambio: considerar los procesos y resultados de las evaluaciones como instrumentos favorecedores de la mejora de la calidad y pertinencia del sistema educativo; lucharemos para que se brinde la más amplia información a las familias y a la sociedad toda, sobre logros y dificultades de los estudiantes, su acceso, cobertura y permanencia en el sistema, así como sobre la prestación y calidad de la educación que se brinda.

4.3.3. Desarrollo local

En el programa de referencia no hay menciones respecto de esta temática.

4.3.4. Identidad étnica o racial

No hay ningún tipo de rereferencia a esta temática.

4.3.5. Inclusión de las personas con discapacidades

• Promover políticas de calificación laboral para la población con discapacidades, como vía de inclusión social, tanto en el ámbito público como privado.

4.3.6. Infancia y adultos mayores

a) Infancia

• Erradicar el trabajo infantil.
• Promover la competencia en el ámbito estudiantil, como preparación para la vida laboral.
• Fomento de programas dirigidos a niños mayores, adolescentes y jóvenes que les permitan construir un “programa de vida”, es decir, una serie de escalones sucesivos de superación personal en todos los ámbitos de la vida.
• Incorporación a la educación preescolar de la totalidad de los niños de 3 años, como columna vertebral de la prevención de situaciones de pobreza y marginalidad y por ende, un pilar en el sostenimiento de la familia y en el mejoramiento de las condiciones de vida a la vez que propicia las políticas de género en la educación.
• Fortalecimiento y extensión de un modelo básico de Centros de Tiempo Completo para compensar en la primera etapa de la vida las desigualdades provenientes del pasado familiar y social.
• Albergar a los delincuentes juveniles en lugares separados de los reclusos adultos y facilitar su reinserción social aplicando programas efectivos.
• Las faltas y delitos cometidos por menores de 18 años son una grave amenaza a la convivencia ciudadana y un mecanismo reproductor de la criminalidad. Sus conductas deben ser encaradas con responsabilidad, con respeto de los derechos individuales y sin prejuicios ideológicos. Muchos menores adquieren conciencia del carácter y la gravedad de sus acciones a partir del inicio de la adolescencia. Considerarlos irresponsables y por ende inimputables, es un agravio a la inteligencia y capacidad del propio menor. Partiendo de esta base conceptual proponemos varias modificaciones: i) para los delitos de sangre establecer la imputabilidad a partir de los 14 años creando un régimen especial (hasta los 18 años), en el cual el juez actuante pueda determinar en cada caso y por sí mismo, si el menor tiene conciencia y es responsable de sus actos; ii) en los casos de un menor que haya cometido un delito de sangre y que el juez haya determinado que no tiene conciencia de sus actos, sus padres serán responsables de su conducta en función de la patria potestad; iii) agravar las penas correspondientes a mayores que edad que hayan incitado a menores a la comisión de delitos o actuado conjuntamente con ellos; iv) mantener en la ficha personal todos los antecedentes de quienes cumplen la mayoría de edad y hacerlos tener en cuenta como antecedentes en los procesos sucesivos que pudieran tener lugar. 

b) Adulto mayor

En el programa de referencia no hay menciones respecto de esta temática.

4.3.7. La equidad de género; los derechos de la mujer

• Incorporación a la educación preescolar de la totalidad de los niños de 3 años, como columna vertebral de la prevención de situaciones de pobreza y marginalidad y por ende, un pilar en el sostenimiento de la familia y en el mejoramiento de las condiciones de vida a la vez que propicia las políticas de género en la educación. (Ya está en 4.3.6)

4.3.8. Diversidad sexual

No hay ningún tipo de rereferencia a esta temática.

4.3.9. Salud sexual y reproductiva

No hay ningún tipo de rereferencia a esta temática.

4.3.10. Los temas ambientales; cambio climático

• Nuestro objetivo central es la inclusión de la protección ambiental en todos los ámbitos del funcionamiento social y económico, como forma de fortalecer la “marca país” y promover un desarrollo sustentable. Por tanto nuestras propuestas abarcan lo “institucional”, lo “estructural”, lo “educativo”, la “biodiversidad” y la “política exterior”. En este marco se procurará que el país alcance los mejores valores posibles en los indicadores de las siguientes dimensiones: i) calidad ambiental; ii) contaminación atmosférica; iii) recursos acuáticos de superficie y profundidad; iv) hábitat y biodiversidad; y v) productividad sostenible de los recursos naturales.
• Proponemos restructurar el Ministerio de Vivienda, Organización Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) trasladando los temas de vivienda al Ministerio de Desarrollo Social y trayendo al ministerio resultante las Direcciones Nacionales afines que hoy funcionan en otros Ministerios: Recursos Acuáticos, Recursos Naturales Renovables; Suelos y Aguas, etc. Esta restructura implica: i) fortalecer a la DINAMA para el cumplimiento de sus funciones; ii) fortalecer operativamente a la Red Nacional de Laboratorios Ambientales para el monitoreo de la situación ambiental; iii) desarrollar una base de datos sistematizada que permita el seguimiento referido previamente; iv) identificar, diagnosticar y resolver oportunamente los problemas de protección ambiental y desarrollo sustentable.
• Creemos imprescindible que el país incorpore y haga cumplir las “Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en todas sus actividades, mediante una asociación de esfuerzos público-privada, como forma de fortalecer la “marca país” y agregar valor al desarrollo económico. Entre otros aspectos ello requerirá: i) gestionar el recurso hídrico de forma de abatir los costos de tratamiento para su re-utilización; ii) elaborar e implementar un Plan Nacional de Tratamiento Adecuado de Residuos Sólidos Urbanos, los que constituyen actualmente, junto al inadecuado tratamiento de residuos líquidos, el mayor déficit del país en este tema; iii) fortalecer la aplicación del Plan Nacional de Residuos Especiales: hospitalarios, químicos, aceites usados, residuos tóxicos y peligrosos, etc.; iv) incorporar la temática ambiental en los curriculums académicos de forma de facilitar su consideración en el quehacer nacional; v) promover la investigación e innovación en temas de protección ambiental relacionados con la actividad económica en el país, en particular referida a la actividad agrícola y pecuaria intensiva.
• En materia de biodiversidad se propone profundizar el conocimiento y la preservación de las especies existentes en el país así como la incorporación de aquellas compatibles con nuestro ecosistema.
• En política exterior se propone fortalecer la adecuada gestión ambiental regional de las múltiples cuencas hídricas y acuíferos que compartimos con países vecinos como Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, en particular a través de la sección Medio Ambiente del MERCOSUR.
• Creación del Banco Nacional del Agua (BNA). Dado el cambio climático que producirá episodios cada vez más extremos de sequías, Vamos Uruguay considera de vital importancia desarrollar un programa para crear reservas de agua (fundamentalmente de escurrimiento de la lluvia que en su mayoría fluye hacia el océano) a los efectos de poder disponer de las misma ya sea para uso humano, de los animales o de riego. El BNA se basará en la realización de reservorios en todo el territorio nacional, en base a un sistema asociativo entre el Estado y los propietarios de las tierras donde los reservorios sean construidos. Proponemos que su capital esté formado por un aporte del Estado (en efectivo), integrando por su parte el sector privado el derecho de uso de la tierras con condiciones para reservar agua. El propietario de la tierra capitaliza con el derecho al uso, sin perder el derecho de propiedad. Considerando la integración del capital y el uso del recurso, el BNA estará dirigido conjuntamente por el sector público y el privado. Los usuarios pagarán un canon por el uso del agua, con el cual se retribuirá a los socios de acuerdo al capital integrado. Con el fin de ir aumentando anualmente el área bajo riego, paralelamente a que se constituyan las reservas de agua, se irán desarrollando los sistemas de riego más apropiados para cada situación.

4.3.11 Los aspectos sindicales; los sindicatos

Las plataformas programáticas de referencia no contienen menciones específicas a los sindicatos o al rol que se espera de éstos en una eventual gestión de gobierno del PC, salvo en lo que refiere al plano de las relaciones laborales. Se da por bueno que las menciones a “los trabajadores” aquí citadas, refieren a los trabajadores organizados.

• Creemos en el derecho de los trabajadores a defender y promover sus intereses a través de sindicatos democráticos, que se ocupen del bienestar de sus afiliados y no de intereses político-partidarios. Creemos que el Estado debe intervenir, cuando sea necesario, para equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores que se necesitan mutuamente. Sin ese equilibrio básico no hay progreso posible.
• Cumpliendo lo que establece la Constitución, se reglamentará el derecho de huelga, estableciendo los pasos previos obligatorios (conciliación, negociación, pre-aviso) y reglamentando el voto secreto como único instrumento democrático, definitorio de la opinión mayoritaria en el ámbito sindical.
• Se destaca la necesidad de encarar una nueva síntesis entre el capital, el trabajo y el mercado del producto. Esa relación, que en nuestro país es con frecuencia antagónica, debe transformarse en sinérgica, activando el Estado y las partes involucradas, todos los instrumentos disponibles para apuntalar esa trilogía básica. Específicamente, ello requiere prestar mayor atención a los temas relativos a la eficiencia de producción: i) productividad; ii) tecnología de información y comunicaciones; iii) calidad del proceso y del producto; iv) formación y capacitación de los recursos humanos involucrados: gerenciales, técnicos, profesionales, administrativos, obreros especializados y auxiliares; v) relaciones laborales; y vi) condiciones de trabajo e informalidad.
• Promover un pacto social entre trabajadores, empresas y el Estado de forma que los empleados reciban como aumento el descuento progresivo del impuesto a la renta y, con el ahorro resultante, al no asumir el costo del aumento salarial, el empleador se comprometa a no generar desocupación por un período determinado. Con esta propuesta ganan todos los involucrados: el empleado que mantiene el empleo y no paga el impuesto; el empleador que no asume el costo del aumento salarial y el Estado que se ahorra el subsidio a los seguros de desempleo.

4.3.12. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

• Las políticas sociales vigentes deben reorientarse fuertemente en función de estos principios, fundamentalmente a través de programas de micro-crédito y de la reforma del Estado, con gestión en función de resultados, corrigiendo y eventualmente sustituyendo intervenciones inefectivas por otras que logren los objetivos señalados. Estos principios se vinculan también con la responsabilidad social de las empresas y con la organización de las comunidades, para que aportan su contribución complementaria al esfuerzo del Estado. (Ya se mencionó en 4.3.1)

4.3.13. Cooperativismo

No hay ningún tipo de rereferencia a esta temática.

4.3.14. Las iglesias; los grupos religiosos

No hay ningún tipo de rereferencia a esta temática.

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4.4. Asamblea Popular (Rodríguez – Villalba)

Programa del Partido “Asamblea Popular”: Asamblea Popular – Plataforma electoral.

4.4.1. La sociedad civil y sus organizaciones

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.2. Transparencia en la gestión

En la concepción de AP, la gestión integral del gobierno debe estar bajo “control obrero”, presumiblemente los sindicatos:

• La aplicación del programa, el plan económico y el accionar de la fuerza política deben estar bajo control obrero.

4.4.3. Desarrollo local

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.4. Identidad étnica o racial

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.5. Inclusión de las personas con discapacidades

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.6. Infancia y adultos mayores

a) Infancia

• Las asignaciones familiares serán un derecho del niño y no de sus padres, por lo que se asegurará el pago de la misma, a cada niño, cuyos padres, tutores, etc. perciban salarios por debajo de un monto a estipular por el futuro gobierno.
• Instrumentar programas especiales urgentes para tratar a todos quienes estén en situaciones de riesgo social o nutricional, sin olvidar los niños, en quienes la desnutrición y/o la anemia les cercena su capacidad intelectual futura. Se asegurará un litro de leche diario a todos los niños en edad escolar.
• Para la Asamblea Popular el libro es la principal herramienta cultural, en ese sentido nuestra consigna será UN NIÑO UN LIBRO.
• Se reestructurará el INAU en todas sus dependencias a través de políticas que combatan las adiciones.
• Rechazo a la baja de la imputabilidad en la pena a los jóvenes.
• Se transformará la Estancia de Anchorena en una Colonia de Vacaciones para niños.

b) Adulto mayor:

• La Asamblea Popular priorizará políticas de atención al adulto mayor y a las personas discapacitadas.

4.4.7. La equidad de género; los derechos de la mujer

• Consagrará el derecho de la mujer de a igual tarea igual remuneración y asegurará la creación de guarderías para los hijos de las trabajadoras por barrio y lugares de trabajo.
• Desarrollo de una política salarial en todos los sectores basada en el principio de, “a igual trabajo, igual salario”, para hombres, mujeres y jóvenes.
• Jubilaciones especiales para las mujeres que reconozca como trabajo, el de ama de casa y el de madre.
• Aborto legal, seguro y gratuito, por la sola voluntad de la mujer, con las debidas medidas educativas para lograr la anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir.
• Prevención y atención especial para las enfermedades particulares de las mujeres y respeto en la forma en que se realizan las revisaciones médicas y ginecológicas en particular.
• Se tomarán medidas efectivas contra la Violencia doméstica, física, sicológica y sexual, que incluya alojamiento digno y seguro, trabajo y atención sicológica para la mujer afectada y sus hijos.

4.4.8. Diversidad sexual

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.9. Salud sexual y reproductiva

• Prevención y atención especial para las enfermedades particulares de las mujeres y respeto en la forma en que se realizan las revisaciones médicas y ginecológicas en particular. (Ya está en 4.4.7)
• Se tomarán medidas efectivas contra la Violencia doméstica, física, sicológica y sexual, que incluya alojamiento digno y seguro, trabajo y atención sicológica para la mujer afectada y sus hijos. (Ya está en 4.4.7)

4.4.10. Los temas ambientales; cambio climático

• La AP se propone terminar con el modelo exportador, celulósico forestal y el cultivo de transgénicos que están devastado nuestras mayores riquezas: la tierra y el agua y en su lugar a promover el desarrollo de la agricultura y de la industria nacional.

4.4.11 Los aspectos sindicales; los sindicatos

En la única referencia que se registra, se asume que la mención implica “control sindical”.

• La aplicación del programa, el plan económico y el accionar de la fuerza política deben estar bajo control obrero. (Ya está en 4.4.2)

4.4.12. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

No se registran referencias a este tópico en el programa.

4.4.13. Cooperativismo

• Se promoverá la formación de cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones ( silos, granos, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc., [y] comercializar los productos por medio de las cooperativas.

4.4.14. Las iglesias; los grupos religiosos

No se registran referencias a este tópico en el programa.

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4.5. Partido Independiente (Mieres – Posada)

Programa del Partido Independiente: “Prioridades para un Uruguay más justo e integrado”, así como otros documentos programáticos de ese partido

4.5.1. La sociedad civil y sus organizaciones

En las referencias genéricas a la sociedad civil, se asume que la referencia es a las OSC.

a) Educación

• Se ha errado el camino al concebir al Estado como actor central y gestor primordial de la educación y creer que todo lo que está afuera de su control es sospechoso y contrario a los intereses de la comunidad. Los padres, la sociedad civil, las empresas, las universidades, las iglesias, tienen un papel decisivo y mucho para hacer y decir.
• Las escuelas, las comunidades locales y los padres deben tener la autoridad necesaria para tomar decisiones e introducir cambios [a nivel escolar]. 

b) Seguridad 

• Admitida la característica multicausal de las conductas delictivas, resulta claro que es preciso instrumentar acciones de gobierno que permitan un abordaje interdisciplinario del fenómeno y la utilización de herramientas institucionales multisectoriales y permanentes, con una especial atención a la participación de la comunidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las estrategias, como forma de lograr una adecuada coordinación del trabajo de todas las áreas públicas, nacionales y departamentales y sectores de la sociedad civil o del empresariado con posible incidencia, tanto en la eliminación de las causas de las mismas como en la minimización de sus efectos.
• En tal sentido, no debe dejar de tenerse en cuenta el potencial que ofrecen las unidades básicas, especialmente las Comisarías, consideradas en una estructura general de prevención policial para la implementación de estrategias de coordinación y de participación de la comunidad en la problemática de la seguridad ciudadana, lo que requerirá una formación adecuada de los Oficiales Jefes responsables.
• Una reforma profunda del Código Penal debería contemplar la implementación de mecanismos procesales alternativos, característicos de un derecho penal restitutorio, más rápidos y eficaces que el pesado sistema de justicia penal principal, que incluya penas alternativas, la reparación de la víctima, la desjudicialización y tratamiento administrativo de pequeñas infracciones, mediante mecanismos de arbitraje y conciliación, con la participación de mediadores entrenados. Esta tarea requiere la participación coordinada de distintas instituciones estatales (sistema educativo, de salud, de desarrollo social, etc.) y no estatales (organizaciones no gubernamentales, empresas, medios de comunicación).

4.5.2. Transparencia en la gestión

• La necesidad de introducir nuevas formas de organización y gestión en el Estado, tal como lo hemos expresado en capítulos anteriores, nos conduce a utilizar herramientas vinculadas a la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Éstas permiten el funcionamiento en red de las distintas dependencias del Gobierno Central y los distintos departamentos de las empresas públicas, facilitando su interconexión y a su vez permite el acceso rápido de los ciudadanos, empresas e instituciones en general, a la información y servicios públicos, eliminando barreras físicas y espaciales. Las actividades a cubrir son aquellas que tienen que ver con las tareas de regulación, las de fomento o incentivos, la prestación de servicios y los roles de contralor inherentes al Estado.
• La gestión pública requiere introducir la cultura de la responsabilidad de quienes tienen a su cargo dicha gestión, introduciendo indicadores que controlen la gestión y sus resultados. La evaluación del desempeño presenta ciertas dificultades como la amplitud de servicios prestados por una misma institución o la compleja identificación de la vinculación entre el producto o servicio prestado con el resultado obtenido; pero es posible introducir gradualmente indicadores en el proceso presupuestal.
• Es importante que se incorpore la obligación legal por parte de los organismos del Estado d publicar periódicamente una batería reducida pero relevante de indicadores de gestión y de resultados. Ello requiere que dicha información sea previamente auditada externamente, a los efectos de asegurar la veracidad de la misma. La Auditoría Interna de la Nación y/o el Tribunal de Cuentas pueden cumplir ese rol, para lo cual deberán normatizar el proceso de elaboración de la información y su contenido. La norma debe contener también sanciones para aquellos organismos que no cumplan, en la forma y/o en el contenido.
• Las Rendiciones de Cuentas previstas en la Constitución adquieren en este contexto una importancia relevante en la medida que contengan no solamente los términos de la ejecución presupuestal sino también el cumplimiento de los objetivos medidos a través de los indicadores aprobados.
• Existe una tendencia internacional al uso de las evaluaciones y certificaciones de calidad o de eficacia sobre todo tipo de variables; las mismas son tan valoradas como temidas. Generan un saludable stress institucional y todos se preocupan por mejorar y no quedar en evidencia. Deben ser obligatorias y periódicas. Pueden estar a cargo de consultoras o de auditorías especializadas en la materia o de universidades. La publicación de la calificación y de los fundamentos también debe ser obligatoria. A través de los medios, la sociedad los sigue y legitima o no a las organizaciones. Sus directivos comienzan a preocuparse solos por mejorar la gestión, cuando esta información se transparenta a la sociedad.

4.5.3. Desarrollo local

• La imprescindible reforma de las políticas sociales requiere, a nivel central, simplificar y unificar objetivos, estrategias e instituciones, fortaleciéndolas en la planificación y evaluación. A nivel local, por el contrario, debe apostarse a la diversificación y a la descentralización, procurando la mejor articulación posible con las distintas demandas, necesidades y culturas de los beneficiarios. Para ello deben fortalecerse los actores locales, dotándolos de capacidad económica y de gestión, a la vez que responsabilizándolos por los resultados y compromisos asumidos.
• Construir cultura como política de Estado involucra: […] Acciones que prioricen una descentralización territorial […] (que) requerirán instrumentos de articulación territorial con las políticas nacionales de descentralización que involucren e integren a los gobiernos departamentales, tanto en su diseño como fundamentalmente en su accionar.
• Al retomar como elementos esenciales de la descentralización a las infraestructuras municipales de cultura en sus distintos niveles, se pondrá de relieve la importancia de modernizar y sistematizar sus servicios de información y de protección patrimonial, como las Bibliotecas Públicas y Museos.
• Se hacen precisas disposiciones que posibiliten la descentralización interna de ASSE, que proporcionen mayores niveles de autonomía, mayor poder local. Para descentralizar la salud, las responsabilidades y las herramientas para el funcionamiento, incluido el manejo de los recursos, deben transferirse al nivel local, a la gestión.

4.5.4. Identidad étnica o racial

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.5. Inclusión de las personas con discapacidades

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.6. Infancia y adultos mayores

a) Infancia

• Por muchos años, únicamente el crecimiento del empleo no será suficiente para eliminar la pobreza extrema y la marginalidad, las que deberán ser atacados por programas implementados alrededor de las asignaciones familiares, la recuperación de la seguridad ciudadana, las políticas de vivienda y ordenamiento territorial y los esfuerzos de inversión en la infancia y la juventud, lo que apunta a la calidad de la educación y la salud de nuestros niños y adolescentes.
• Lo primero será invertir en infancia, porque hay un grave problema de inequidad intergeneracional. Con una pobreza concentrada en los niños, debemos priorizar el gasto en infancia, sin confundir gasto público con gasto social. Para aumentar el gasto, debemos tener metas precisas y resultados objetivos.
• El objetivo de la equidad social es generar una alta movilidad social. En las condiciones actuales, ello implica dotar de alta prioridad a las políticas destinadas a la población infantil y juvenil —directamente y a través de sus familias—, no sólo por ser ésta el futuro del país, sino por hallarse en condiciones notoriamente más desventajosas que el resto de la población.
• Para ser eficaz, la educación debe adecuarse mucho más y mucho mejor a las necesidades y a la situación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de exclusión y de pobreza. Ello supone múltiples desafíos, entre los que destacamos la reconstrucción de los vínculos y del clima dentro de los centros educativos que reciben a esos sectores y el logro de aprendizajes similares a los de otros sectores sociales. Para conseguirlo la educación debe incluir prestaciones sociales, además de las alimentarias. Y debe articularse con otras intervenciones, como las Asignaciones Familiares, pero no como una institución que simplemente asume roles de ejecución o control respecto a esos servicios, sino integrándolos y subordinándolos a los objetivos específicamente educativos que son los objetivos prioritarios para niños y adolescentes.
• La educación no puede desentenderse de los entornos y de la pérdida del capital social. El acompañamiento a la crianza, la atención a la primera infancia, el control y acompañamiento educativo de los compromisos correspondientes a las prestaciones de seguridad social, la atención a los recursos materiales y técnicos para el aprendizaje moderno, la coordinación de acciones vinculadas a la salud, habrán de tener impacto positivo sobre la situación de los sectores más pobres.
• No somos partícipes de los criterios de quienes atribuyen a los adolescentes una gran responsabilidad en la situación de deterioro de las condiciones de seguridad de nuestra población. Estudios con validez científica demuestran que tal percepción carece de respaldo real. Por ello somos contrarios a la consideración de normas que disminuyan la edad de imputabilidad, máxime teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema carcelario en el Uruguay. No obstante creemos que es necesario mejorar algunas herramientas para la atención de la problemática de la delincuencia juvenil, como condición para interrumpir su acercamiento al delito, evitar su utilización por delincuentes mayores y generar mecanismos adecuados para su inserción social. En tal sentido se hace necesario una reforma en el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros aspectos en la penalización de la tentativa del delito de hurto. Deberá mantenerse la participación de la policía en el área, potenciada mediante una capacitación especializada (similar a la realizada en la problemática de la violencia doméstica y de género), conservando el liderazgo de la tarea en el INAU. Asimismo, deberá realizarse una fuerte inversión en infraestructura para la contención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, asegurando condiciones adecuadas, tanto materiales, como en la capacitación del personal afectado.
• Se requiere una policía profesional para limitar la impunidad de quienes violan la ley y no respetan los derechos de los ciudadanos, así como la falta de esclarecimiento de muchos delitos e incluso la inadecuada atención de problemáticas específicas como la violencia de género o la minoridad infractora.

b) Adulto mayor

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.7. La equidad de género; los derechos de la mujer

• Profundizar la equidad de género en todos los campos así como universalizar la atención de los más pequeños y fomentar la co-responsabilidad en la crianza de los hijos.
• Se requiere una policía profesional para limitar la impunidad de quienes violan la ley y no respetan los derechos de los ciudadanos, así como la falta de esclarecimiento de muchos delitos e incluso la inadecuada atención de problemáticas específicas como la violencia de género o la minoridad infractora. (Viene de 4.5.6)
• Urge contar con una política de licencias parentales para el comienzo de vida de los hijos y contar con regímenes de licencias especiales en casos de enfermedad de los hijos/as, tanto en hombres como en mujeres.
• Promover la equidad de género y proteger a la primera infancia, implica construir acuerdos entre Estado, sindicatos y empresas. Debemos asegurar a los padres que tiempo con sus hijos, no equivale a perder sus empleos y por tanto empobrecerse.

4.5.8. Diversidad sexual

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.9. Salud sexual y reproductiva

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.10. Los temas ambientales; cambio climático

• El progreso debe ir acompañado de la preservación de la herencia que se trasmitirá a las próximas generaciones a través del respeto por los modos de vida y la cultura, por la preservación de los recursos naturales y del ambiente.
• Debe ser posible el transporte de todo tipo de carga desde y hacia cualquier punto de la República en condiciones seguras para el personal que lo transporta, la carga y el medio ambiente.
• Asegurar en tiempo y forma la disponibilidad de fuentes de energía abundantes y a precios de eficiencia, con reglas de juego de provisión que permitan un desarrollo sustentable y competitivo de la economía para bienestar de sus ciudadanos y en un contexto de preservación y cuidado del medio ambiente.
• Es necesario atender al uso de alternativas energéticas en los sistemas de tracción con el doble propósito de disminuir los costos operativos y mantenerlos amigables con el medio ambiente analizando la incorporación del biodiesel de origen nacional.
• Fomentar la instalación de biodigestores, para la producción de biogas a partir de desechos agroindustriales, de modo de contribuir no solo a la disminución del consumo de hidrocarburos sino también a la mejora del medio ambiente, mediante un mejor aprovechamiento de las materias primas.
• [En materia energética] (la) sustentabilidad ambiental constituye un marco por demás importante basado en consideraciones formales nacionales y arreglo a futuro en cuanto a compromisos internacionales actuales y próximo-futuros (Protocolo de Kyoto por ejemplo).
• Es necesaria la implementación de políticas adecuadas de ordenamiento territorial y desarrollo, para manejar adecuadamente el recurso suelo, teniendo especial cuidado con el desplazamiento de rubros agropecuarios ya existentes y productivos –leche, arroz, ganadería ovina y bovina) y estudiando la regionalización de cultivos, el uso del agua, y la compatibilidad con el modelo forestal.
• Se hace indispensable diversificar las fuentes de energía eléctrica, surgiendo entonces la energía nuclear como la alternativa mas segura que ofrece asegurar una fuente duradera, eficaz, económica y no contaminante del medio ambiente.

4.5.11 Los aspectos sindicales; los sindicatos

La única mención que figura en los documentos programáticos refiere a las relacione laborales.

• De lo que se trata es mostrar a empresas y sindicatos que la negociación laboral no debe ser un juego suma-cero donde uno gana sólo si el otro pierde, porque si esa negociación abre caminos para generar empleos y ganancias de productividad, la economía crece y la ganancia de uno no tiene por qué ser a costa de la pérdida del otro. En la medida en que un gobierno sensato logre convencer de esto a los empresarios y a los sindicatos, y siempre que éstos sean representativos de sus bases y no simplemente de la conveniencia de los respectivos líderes, las discusiones en los Consejos de Salarios y demás negociaciones dejarán de ser enfrentamientos clasistas para transformarse en mecanismos de crecimiento y bienestar.

4.5.12. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.13. Cooperativismo

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

4.5.14. Las iglesias; los grupos religiosos

No se registran referencias a este respecto en los documentos programáticos.

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5. CONCLUSIONES

Resulta evidente que los partidos políticos han ido recogiendo algunos de los puntos de la agenda de la sociedad civil. En algunos casos —como el ambiental— de forma notable. Empero, afirmar que se debe al trabajo de sensibilización, tanto sobre la sociedad como sobre los actores políticos, por parte de las OSC resulta aventurado. Prueba de ellos es que en algunos temas, pese a la labor desplegada desde la sociedad civil organizada, el elenco partidario del país exhibe una permeabilidad muy limitada. En todo caso, debe convenirse que en todo ello juega una multiplicidad de factores de naturaleza cultural, entre los cuales —ciertamente que sí— se encuentra esa labor desplegada por las OSC.

Por otro lado, aún en las plataformas programáticas que exhiben un mayor grado de apertura a la sociedad civil organizada, lo estatal, desde el rol de rectoría hasta el de ejecución, sigue siendo central. Ello pone en evidencia que las desconfianzas hacia la sociedad civil organizada —mencionadas en 1.2— persisten, por más que puedan haberse flexibilizado por imperio de las circunstancias.

En tal sentido, tal vez deba concluirse que aun cuando pueda pensarse, razonablemente, que esa apertura de los partidos políticos uruguayos hacia la sociedad civil organizada pueda incrementarse en el mediano plazo, seguramente el “punto de equilibrio” supondrá, de todos modos, un estado de tensión permanente —probablemente saludable para la salud democrática— entre ambos subsistemas sociales.

 

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[1]    Rodríguez Herrera, Fernando. “Articulación entre Defensorías del Pueblo y Sociedad Civil. El caso de Uruguay”, ponencia para el XIV seminario internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica “La protección de los derechos sociales por las defensorías del pueblo”, 25 al 26 de Febrero del 2009, Cartagena de Indias, Colombia.

[2]    Montalvo Vargas, Ramos. “La proliferación de las ONG´s en el Estado de Tlaxcala de 1999 a 2003”, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, Tlax., México, Setiembre de 2003 (pág. 11).

[3]    Organizaciones de la Sociedad Civil.