151215 – Comunicado de Prensa de SINTEP acerca del Consejo de Salarios

Montevideo, 4 de diciembre de 2015.
Comunicado de prensa
Los trabajadores de la enseñanza privada nucleados en SINTEP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada) nos dirigimos a ustedes, con el objetivo de dar a conocer a la población en general, la situación en la que se encuentran las negociaciones en el Consejo de Salarios.
En esta nueva ronda de negociación nos estamos jugando el salario y las condiciones laborales por los próximos tres años. El SINTEP ha participado de este proceso aportando ideas, iniciativas y demostrando a cabalidad su voluntad de negociación para llegar a acuerdos tripartitos.

Descargar comunicado: Comunicado de prensa dic 15 (1)

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131024 – Prensa: En seminario Olesker aseguró que en los dos últimos gobiernos se multiplicó la participación ciudadana

Fuente: Presidencia de la República
24/10/2013

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Incidencia en políticas públicas
El ministro Olesker inauguró un seminario internacional sobre participación ciudadana en gestión de políticas públicas y resaltó que de 2005 a la fecha se multiplicaron las formas de participación en movimientos como los de usuarios de salud, organizaciones de mujeres, afrodescendientes y discapacitados. Las autoridades entienden que cuanto más vigoroso sea el vínculo ciudadanía-Estado mejor será la calidad de la democracia.

En el marco del ciclo de encuentros denominado “El Estado y la sociedad civil en diálogo: Incidencia y participación ciudadana en las políticas públicas” que organiza el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de su Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT), la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social–Uruguay (RAISSUR) se realizó una nueva instancia de encuentro, la tercera de este tipo. Se trata del seminario internacional “El Estado promoviendo participación ciudadana: aportes y desafíos a la gestión pública”.

La actividad, que se desarrolló en Torre Ejecutiva, fue inaugurada por el ministro Daniel Olesker; el director nacional de Gestión Territorial, Martín Rodríguez; la representante de la JND, Marisa Suárez, y el miembro de RAISSUR, Néstor Ganduglia.

Esta iniciativa fue concebida como espacio de reflexión sobre el involucramiento de la ciudadanía en los distintos procesos que inciden en su calidad de vida y, en particular, en el vínculo entre la sociedad y el Estado, los distintos formatos que asume, qué tipo de participación social se puede promover, a través de qué herramientas y en qué momento del ciclo de la política pública.

Entre los participantes se incluyeron gestores y funcionarios públicos provenientes de distintos departamentos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Las mesas de debate fueron integradas por representantes de reparticiones del Estado, responsables de promover ámbitos de estas características, quienes presentaron sus experiencias. Asimismo, participaron representantes de entidades internacionales, algunos con perfil de gestión y otros, académicos. 

“Oleada de participación social”

El ministro Olesker dijo que este evento forma parte de los cometidos del MIDES, de promover la participación social en las políticas sociales, aspecto incluido en los cinco principios de la Reforma Social, documento guía del Gobierno —aprobado en agosto de 2011—, que da continuidad al trabajo de la administración anterior.

En este sentido, resaltó que desde 2005 a la fecha se observa “una oleada de participación social” como la Junta Nacional de Salud, Consejos de la Educación, Consejos de Igualdad y Oportunidad de Género o la restitución de los consejos de salarios. Explicó que este seminario tiene como objetivo discutir la participación social de la gente en actividades concretas, y en la organización de sus territorios. Para ello se presentan experiencias en diversas áreas del Estado.

Por otro lado, recordó la importancia de la participación de los sindicatos. “En Uruguay ya no hay discusión de que a la hora de elegir un delegado de los trabajadores, es del PIT-CNT”. No obstante, destacó la proliferación de otras formas de participación no necesariamente vinculadas a los trabajadores organizados, como el movimiento de usuarios de salud, organizaciones de mujeres, de afrodescendientes o de personas con discapacidad.

Defensa organizada de sus derechos

El director de Gestión Territorial insistió en la importancia de estos debates que “alimentan las capas del conocimiento y la toma de decisiones”, además de fortalecer el tejido asociativo y facilitar el acceso a la información de la ciudadanía. Dijo que el Estado, como tal, tiene la responsabilidad de “empujar” este proceso. 

Rodríguez explicó que el vínculo entre el Estado y la ciudadanía en materia de participación es bueno. “Han proliferado los ámbitos en los que el Estado y las distintas organizaciones sociales o incluso ciudadanos en su condición de ‘vecinos’ se involucran y forman parte de procesos de toma de decisión o de espacios de consulta. Estamos acostumbrándonos a encontrarnos con la ciudadanía para discutir sobre las iniciativas que influyen en sus condiciones de vida”, dijo.

Manifestó que cuanto más vigoroso sea el vínculo, mejor será la calidad de la democracia y mejores resultados se obtendrán. “Es mejor que los ciudadanos conozcan sus derechos y los canales por los cuales defienden sus conquistas sociales, y que esa defensa se haga en forma organizada, porque los actores colectivos siempre encuentran otras herramientas y mejores desempeños”, agregó. “En un momento donde se identifican mejoras en términos de calidad de vida de la gente, es bueno ver cómo se consolidan esas mejoras y encuentran coaliciones que la defiendan”.

En cuanto a la incorporación de este recurso por parte de la ciudadanía, explicó que esta participa si siente que puede influir en algo, que su participación tiene un rédito.

Ver el video en:  http://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/seminario-internacional-participacion-ciudadana-politicas-publicas

131002 – Segunda edición de fondo concursable: INAU destinará $1.218.000 a iniciativas de niños, adolescentes y jóvenes

La segunda edición del Fondo para Iniciativas de Niños, Niñas y Adolescentes seleccionó 75 proyectos en todo el país a las que destinará $ 1.218.000, hasta $ 29.000 a cada una. Jorge Ferrando, director del INAU, informó que 2 mil niños y jóvenes participaron presentando propuestas relacionadas con actividades culturales, deportivas, talleres que involucran a toda la sociedad y trabajos contra el bullyng y la violencia.

El director del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), Jorge Ferrando, informó este lunes a la Secretaría de Comunicación sobre las características del fondo. Explicó que se trata de una propuesta que se originó en 2011 con el objetivo de viabilizar proyectos creados por grupos de niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años.

Mediante un fondo concursable, cada departamento y región de Montevideo puede participar presentando propuestas con temáticas variadas. Este año se recibieron 137 formularios de los cuales se aprobaron 9 en Montevideo y 66 en el interior, 23 más que en la edición anterior.

“Las propuestas se recibieron entre el 8 y el 31 de julio en todo el país, en 26 barrios de Montevideo, en 18 capitales departamentales y en 28 localidades del interior”, sostuvo Ferrando. Agregó que se definió destinarle hasta 29 mil pesos a cada proyecto con un máximo de 58 mil por departamento, y recepcionar hasta 3 proyectos por departamento y 9 en Montevideo.

El jerarca aseguró que “la iniciativa se enmarca en el derecho a la participación, que es algo en lo que venimos trabajando desde hace varios años”. Asimismo, sostuvo que el plazo de ejecución de los proyectos es hasta el mes de noviembre.

La elección de las iniciativas y estudio de viabilidad estuvo a cargo de 21 tribunales intergeneracionales que convocaron a un representante del INAU, un mimbro del Consejo Asesor y Consultivo del Directorio, un representante adolescente de la comunidad y un representante de otros organismos públicos del departamento. | http://www.presidencia.gub.uy

121002 – Prensa: El Expectador, 2 oct 2012 – Unicef: adolescentes “no son impunes”, pero deben tener un “sistema penal distinto” al de los adultos por tener más posibilidades de cambiar

Fecha de publicada: Martes 2 de octubre de 2012

EL ESPECTADOR

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años ya está totalmente instalado en Uruguay, y más ahora que se ha confirmado un plebiscito sobre el tema en 2014. ¿Qué papel juega en esta discusión Unicef, la organización que vela por los derechos de los niños en todo el mundo? Para profundizar en ello, En Perspectiva entrevistó a Egidio Crotti, representante de Unicef en Uruguay desde marzo de 2009. Según afirmó Crotti, la posición de Unicef respecto a los adolescentes que delinquen se basa en los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, que promueve un sistema de responsabilidad penal “específico para adolescentes”, con “penas distintas” al de los adultos y una finalidad “prioritaria” de reinserción social. Crotti destacó, de todas formas, que eso no implica que Unicef promueva “ni la impunidad ni la irresponsabilidad de los adolescentes”. Consideró, por otro lado, que el actual sistema de responsabilidad penal juvenil de nuestro país “no está funcionando” y que es necesario pensar en “un sistema de medidas alternativas a la privación de libertad serias” para evitar la reincidencia.

EMILIANO COTELO:

¿Qué papel juega Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la organización que vela por los derechos de los niños en todo el mundo, acá en Uruguay en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal? Sigue leyendo

121004 – Prensa: Búsqueda 4 oct – Organizaciones no gubernamentales acusan al Poder Ejecutivo de prescindir de su “conocimiento acumulado” al crear planes sociales

Fecha de publicada: Jueves 4 de octubre de 2012

BUSQUEDA

Muchos de los programas que hoy aplican el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) son llevados adelante por organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta relación entre el Estado y esas instituciones se intensificó con la llegada del Frente Amplio al gobierno, aunque para las organizaciones las autoridades no han tenido en cuenta el “conocimiento acumulado” al momento de implementar algunos de sus planes dirigidos a personas vulnerables.

Desde el gobierno se entiende que la relación “no está exenta de conflictos y contradicciones”, y se sostiene que ese sector es un “aliado fundamental”, aunque aclaran que es el Estado el que “define” la política pública.

El cambio en esa relación fue el centro de la discusión en una mesa de debate realizada el jueves 20 en el Cabildo de Montevideo en el marco de los 20 años de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong).

En el encuentro se recordó cómo fue creciendo el papel de las organizaciones en el ámbito público hasta la situación actual, en la que varios programas del Estado se sostienen en base a convenios con este tipo de instituciones.

Según publicó el diario “El País” en mayo, el Mides destina un 20% de su presupuesto a las ONG. En una respuesta a un pedido de informes realizado por el senador Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional), el ministerio informó que en 2011, de los U$S 106 millones ejecutados, U$S 20,7 millones se entregaron a ONG para implementar diversos programas.

El INAU es otro de los organismos estatales que apela a estos convenios. El jueves 20, en la Comisión de Presupuesto del Senado, el titular del organismo, Javier Salsamendi, informó que el 80% de los niños y adolescentes son atendidos por convenios con instituciones. En cuanto a los recursos, dijo que el 40% se destina “directa y exclusivamente a servicios con convenios”.

Durante la mesa “¿Las ONG importan a la democracia?”, Paula Baleato, integrante de la Comisión Directiva de Anong, planteó que mientras en la década de los 90 hubo “una mayor acumulación y crecimiento” de las organizaciones en su proceso de profesionalización, a partir de 2005 —con la llegada del Frente Amplio al gobierno— ocurrió una “redefinición de roles y funciones del conjunto de actores sociales”, entre ellos, de las ONG. “Si bien actualmente al recorrer la variedad de programas y políticas sociales en implementación, vemos que mayoritariamente las mismas son ejecutadas a través de convenios que el Estado establece con las ONG, lejos creemos estar de un modelo en el que haya participación de la ciudadanía en las políticas públicas”, dijo.

Si bien Uruguay presenta un “conjunto de avances en muchos planos”, continuó, hay un conjunto de “problemas serios que persisten”, como los niveles de desigualdad social, los fenómenos de segmentación educativa, la precarización del empleo”.

Ante esta situación, añadió Baleato, las organizaciones reivindican “más espacios de participación y de incidencia en la definición de las políticas públicas”.

“Hoy vemos con preocupación que el sistema político uruguayo no le otorga la legitimidad y la relevancia suficiente a nuestro sector, al menos no como interlocutor político”, afirmó.

Baleato señaló que el “diálogo” con el Estado “parece moverse en el terreno del intercambio de condiciones o requisitos del Estado con sus proveedores y no en el terreno del intercambio de demandas y derechos ciudadanos”.

En tal sentido, puso como ejemplo que en programas como el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad, Jóvenes en Red o Uruguay Crece Contigo —que son aplicados por el Mides o la Presidencia de la República— no fueron convocados “no ya para definir, sino al menos para volcar el conocimiento acumulado durante más de 20 años”.

Baleato aclaró que no se trata de un “reclamo de conocimiento ni una demanda corporativa que busque futuros beneficios en el sistema de negocios del mundo social”, sino que en Anong creen que la “sociedad y las políticas pierden sustentabilidad democrática al no incorporar aprendizajes socialmente acumulados”.

Problemas. Durante su intervención en el foro, la ex senadora del Frente Amplio Margarita Percovich indicó que desde que la izquierda llegó al gobierno hubo leyes que fueron trabajadas “con la sociedad civil”. Señaló como un problema el hecho de que quienes trabajaban en las organizaciones sociales fueron “captados por el Estado”, lo que debilitó a la sociedad civil.

Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, esto no es un problema. Destacó que en el Consejo de Ministros hay “cinco ex dirigentes sindicales” y lo comparó con los gobiernos de los partidos tradicionales, donde había representantes de la “clase dominante”. Quienes vienen de la sociedad civil “le transfieren al gobierno lo acumulado” en sus tareas en un sindicato o una ONG, dijo.

Olesker destacó cómo desde 2005 en adelante “el papel de las ONG en la política pública se incrementó considerablemente”. Dijo que hay que analizar “cómo se da el vínculo” entre las dos partes, pero dejando en claro que el Estado es el que “define”.

Por su parte, el presidente del INAU reconoció que la relación del Estado con la ONG “no está exenta de conflictos y contradicciones”. Señaló que la “lógica de gobierno” es que exista “disciplina partidaria” y que el “nivel de discusión interna” hace “muy difícil volver a abrir” el debate luego de que se acuerda dentro del partido político.

Durante el debate, la politóloga Carmen Midaglia brindó una mirada sobre el tema desde el sector académico. Sostuvo que las ONG “vinieron para quedarse y ganaron legitimidad”. Afirmó que con la llegada del Frente Amplio al gobierno “diminuyó” la “voz y presencia pública” de las ONG.

Midaglia señaló que no se escucha a esas organizaciones en temas “álgidos” como la baja de la edad de imputabilidad y la internación compulsiva. Además, criticó que haya programas que estén en la órbita de la Presidencia de la República y no de organismos específicos como el Mides o el Ministerio de Vivienda.