La vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Rosa María Ortiz, y el director regional para las Américas de Plan a favor de los derechos de los niños y niñas, Roland Angerer, dieron respuesta a los reclamos de baja de la edad de imputabilidad. Ambos especialistas en derecho de la niñez cuestionaron la medida y dijeron que de aprobarse, «estaría en contra de los Derechos de Niños y Adolescentes».

También se manifestaron en contra de la decisión del gobierno uruguayo de mantener los antecedentes de los menores infractores una vez cumplida la mayoría de edad. Por su parte, Ortiz denunció además que en la Colonia Berro «no se cumple con los objetivos de educación».

Sostienen que no aumentaron los delitos cometidos por adolescentes en la región, y que los jóvenes infractores son «víctimas» de la situación social o familiar que les toca vivir. Los entrevistados llegaron a Uruguay a la reunión del Movimiento Mundial de la Infancia, que emitió un comunicado advirtiendo a Uruguay sobre la inconveniencia de endurecer las penas a los menores de edad infractores.

A continuación, la entrevista realizada por LA REPUBLICA a ambos jerarcas internacionales.

-En Uruguay se está planteando bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. ¿Qué opinión les merece?

Rolan Angerer- Si partimos del objetivo común de reducir la incidencia de la violencia y de actos delictivos de jóvenes, bajar la edad tiene un efecto inverso al objetivo. Sabemos de casos en Centro América, así como de Colombia, donde las mafias y el crimen organizado mandan a los jóvenes a las calles como asesinos, porque saben que sus penas van a ser mucho menores. Si bajamos la edad a los 16 años, ellos (los adultos) no tienen ningún escrúpulo en mandar a los menores de 15 años a cometer sus delitos. ¿Queremos asesinos de 15 años? Yo no creo que eso sea lo que queramos.

-Ustedes ven a los jóvenes como «víctimas», más que «victimarios», expliquen por qué.

R.A. -Porque son víctimas de un sistema. Son víctimas de las circunstancias que les toca vivir. Muchas veces, si estudiamos caso por caso, notamos que los adolescentes provienen de familias quebradas, de familias que los obligan desde temprana edad a trabajar. Pero los obligan a trabajar sin el nivel educativo necesario para ser competitivos en el mercado laboral.

– En Uruguay se pide que se baje la edad de imputabilidad y se dice que es un «reclamo social» para defender esta postura. ¿En base a la experiencia y estudios que ustedes tienen, se puede atribuir este reclamo a una necesidad del conjunto de la sociedad?

R.A. -Yo creo que hay un temor en la sociedad por el auge de violencia, pero no creo que los culpables de la violencia sean los adolescentes. No creo que la criminalidad de los adolescentes haya aumentado más que la de los adultos.

R.M.O –Las medidas que se piden actualmente como las de bajar la edad de imputabilidad no dan respuestas a las causas de la criminalidad. Pero tampoco condicen con los datos que se tienen de la región, que no indican que los delitos de los adolescentes hayan aumentado. Los adolescentes hoy no cometen más crímenes que los adolescentes de la época de nuestra adolescencia. Nada indica que sea así y las respuestas que se piden son muchas veces condicionadas a la falta de información y por el miedo y la inseguridad se piensa que tener a los jóvenes encerrados es la mejor solución. Pero medidas como estas no solucionan el problema, sino que lo agravan. En primer lugar, porque no favorecen a los jóvenes, porque no hay méritos para que estén encerrados salvo una mínima parte de los infractores, pero la gran mayoría no cometen delitos graves. Un ocasional infractor se equipara entonces con el encierro en un profesional delincuente con una medidacomo esta, y eso no favorece a la sociedad. Pues desde ningún punto de vista estas medidas son favorables. La falta de información veraz, la falta de verdaderas fuentes de información, impide a la sociedad ver los peligros reales que tiene el mantener encerrados a los jóvenes.

– Ortiz, ¿qué concepto tiene de la Colonia Berro? Usted la visita con frecuencia.

R.M.O. – Creo que los adultos tenemos que sacarnos las caretas. La ley en Uruguay dice que la finalidad de estas medidas es una finalidad educativa. Pero ¿de qué manera se educan en la Colonia Berro, 23 horas por día encerrados los adolescentes? No reciben educación alguna, no reciben atención sicológica. Yo hace quince días fui a la Colonia Berro y los muchachos hacía 26 días que no salían al patio. Los adultos, la sociedad y el Estado deben dar respuesta a este problema, con bases sólidas, datos ciertos. Uruguay tiene todas las condiciones para dar todas las respuestas para estas situaciones. El Salvador tiene 26 mil jóvenes encerrados y acá hay 300. Yo me pregunto ¿Qué diría Artigas a los uruguayos con los 300 jóvenes que han cometido una infracción? Lo primero debería ser la separación de aquellos que cometieron delitos muy graves de aquellos que cometieron delitos menos graves.

– El gobierno anunció que se aceptaría una propuesta que surgió desde la oposición (Partido Nacional), de mantener los antecedentes penales de los menores, una vez que sean mayores de edad. ¿Qué opinión le merece este anuncio?

M.R.O -Entra en la misma baterías de medidas represivas. Hay que pensar que al salir del Instituto (INAU), ¿quién les dará trabajo si tienen antecedentes? Hay que pensar que lo que favorece a los niños, favorece a la sociedad. No hay que creer que defender los derechos de los adolescentes, no favorece a los derechos de los adultos. No es una guerra entre sectores sociales. Toda la sociedad se favorece si se los educa, y si se contemplan sus derechos.