Más de 400 profesionales de Trabajo Social Del Uruguay, reunidos en su XI Congreso Nacional, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2011 en la cuidad de Montevideo, 

Declaran: 

1.- La firme convicción que la Ley 15.448 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) debe desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico (que en rigor nunca debió integrar). 

2.- Que esta Ley consagra la imposibilidad de apropiarnos de nuestro pasado, nos aleja del rico legado de nuestros/as compañeros/as  estudiantes de Trabajo Social y compañeros/as desaparecidos/as y asesinados en el período del terrorismo de Estado por actuar de acuerdo al compromiso ético- político que aún nos guía. 

3.- Que el corpus internacional de Derechos Humanos que vincula a Uruguay, obliga al Estado a garantizar estos derechos y por tanto no existe autoridad superior que pueda modificarlo. 

4.- Que la impunidad es la negación de la responsabilidad individual y colectiva. La conciencia y la responsabilidad son fundadoras de la ética, única capaz de instaurar entre las personas el respeto y la dignidad. 

5.- Este colectivo expresa su inclaudicable determinación a continuar apoyando el movimiento ciudadano que brega por su eliminación.

                                                         14 de Mayo, 2011

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Más de 400 profesionales de Trabajo Social Del Uruguay, reunidos en su XI Congreso Nacional, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2011 en la cuidad de Montevideo, 

Declaramos nuestro total compromiso en la defensa de los derechos humanos de la población adolescente del país- 

Este compromiso nos lleva a rechazar todas las iniciativas que apuntan a incrementar la pretensión punitiva, reducir las garantías procesales y rebajar la eda de imputabilidad de los y las adoelscentes. 

Estos movimientos no sólo contradicen los compromisos en materia de Derechos Humanos asumidos por Uruguay y la Constitución de la República, sino que reproducen formas de relacionamiento heredadas de un pasado dictatorial que tendió a consolidar enfrentamientos entre integrantes de una misma comunidad nacional. 

Entendemos por el contrario que nuestra sociedad se debe un amplio debate sobre los derechos y deberes de los/as adolescentes que han infringido la ley penal, como paso imprescindible para la superación del problema, que, a nuestro entender (y como lo demuestra la experiencia internacional) no puede ser resuelto mediante un incremento del encierro. 

Como cientistas sociales debemos afirmar nuestra certeza que estas infracciones a la Ley por parte de un reducido número de adolescentes debe ser interpretadas como la emergencia de un malestar social originado en un sistema injusto que actualmente lo deposita en esta población como su responsabilidad exclusiva. 

Este colectivo expresa su compromiso en defensa de los Derechos Humanos de los y las adolescentes del país, y la disponibilidad para aportar su conocimiento acumulado en el tema en los diversos ámbitos de discusión que la sociedad debe darse. 

                                                                  14 de Mayo, 2011