El pasado sábado se llevó a cabo, en el anexo del Palacio Legislativo, un debate sobre la incidencia de la pasta base en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley, organizado por el Sindicato del Instituto del Niño y del Adolescente (SUINAU). El abogado de adolescentes, Daniel Sayagués, señaló que del 90% de los delitos contra la propiedad cometidos por menores de edad, la mitad se efectuaron para comprar pasta base. Al mismo tiempo, desestimó que la pobreza sea un factor que aliente a los menores de edad a delinquir, y afirmó que “en el mediano y corto plazo las mejoras económicas no hacen bajar la delincuencia, sino que la delincuencia necesita de políticas específicas”, explicó. Sayagués entiende que “la pasta base llegó para quedarse”, y que una de las soluciones posibles pasa por la creación de 200 nuevas plazas de privación de libertad, que incluyan canchas de fútbol y basketball. Tanto Carlos Salaberry, integrante del sindicato del INAU, y el abogado Óscar López Goldaracena, discreparon con las propuestas de Sayagués. Salaberry sostuvo que la pasta base no es la explicación exclusiva de los delitos cometidos por los menores de edad, sino que se trata de una “estrategia de supervivencia”, y que la pobreza es, precisamente, una de las causas fundamentales. Por su parte, López Goldaracena indicó que “no es cierto que se pueda rehabilitar a un adolescente con una cancha de fútbol”; “no hay que ser simple”, agregó. El abogado rechazó lo expuesto por Sayagués de que al adolescente “se le ocurrió un día ponerse a consumir pasta base y se convirtió en un delincuente permanente”, y afirmó que el problema debe abordarse desde su “multi-causalidad”, ya que los menores de edad en conflicto con la ley “vulneran derechos de otros” como consecuencia de las “carencias económicas y culturales que padecen”, y que las mismas deben solucionarse con una “política de Estado en materia de inclusión social”.

(El País, pág. A9; 17/10/2009)