Fecha de publicada: Jueves 4 de octubre de 2012
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Muchos de los programas que hoy aplican el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) son llevados adelante por organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta relación entre el Estado y esas instituciones se intensificó con la llegada del Frente Amplio al gobierno, aunque para las organizaciones las autoridades no han tenido en cuenta el «conocimiento acumulado» al momento de implementar algunos de sus planes dirigidos a personas vulnerables.
Desde el gobierno se entiende que la relación «no está exenta de conflictos y contradicciones», y se sostiene que ese sector es un «aliado fundamental», aunque aclaran que es el Estado el que «define» la política pública.
El cambio en esa relación fue el centro de la discusión en una mesa de debate realizada el jueves 20 en el Cabildo de Montevideo en el marco de los 20 años de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong).
En el encuentro se recordó cómo fue creciendo el papel de las organizaciones en el ámbito público hasta la situación actual, en la que varios programas del Estado se sostienen en base a convenios con este tipo de instituciones.
Según publicó el diario «El País» en mayo, el Mides destina un 20% de su presupuesto a las ONG. En una respuesta a un pedido de informes realizado por el senador Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional), el ministerio informó que en 2011, de los U$S 106 millones ejecutados, U$S 20,7 millones se entregaron a ONG para implementar diversos programas.
El INAU es otro de los organismos estatales que apela a estos convenios. El jueves 20, en la Comisión de Presupuesto del Senado, el titular del organismo, Javier Salsamendi, informó que el 80% de los niños y adolescentes son atendidos por convenios con instituciones. En cuanto a los recursos, dijo que el 40% se destina «directa y exclusivamente a servicios con convenios».
Durante la mesa «¿Las ONG importan a la democracia?», Paula Baleato, integrante de la Comisión Directiva de Anong, planteó que mientras en la década de los 90 hubo «una mayor acumulación y crecimiento» de las organizaciones en su proceso de profesionalización, a partir de 2005 —con la llegada del Frente Amplio al gobierno— ocurrió una «redefinición de roles y funciones del conjunto de actores sociales», entre ellos, de las ONG. «Si bien actualmente al recorrer la variedad de programas y políticas sociales en implementación, vemos que mayoritariamente las mismas son ejecutadas a través de convenios que el Estado establece con las ONG, lejos creemos estar de un modelo en el que haya participación de la ciudadanía en las políticas públicas», dijo.
Si bien Uruguay presenta un «conjunto de avances en muchos planos», continuó, hay un conjunto de «problemas serios que persisten», como los niveles de desigualdad social, los fenómenos de segmentación educativa, la precarización del empleo».
Ante esta situación, añadió Baleato, las organizaciones reivindican «más espacios de participación y de incidencia en la definición de las políticas públicas».
«Hoy vemos con preocupación que el sistema político uruguayo no le otorga la legitimidad y la relevancia suficiente a nuestro sector, al menos no como interlocutor político», afirmó.
Baleato señaló que el «diálogo» con el Estado «parece moverse en el terreno del intercambio de condiciones o requisitos del Estado con sus proveedores y no en el terreno del intercambio de demandas y derechos ciudadanos».
En tal sentido, puso como ejemplo que en programas como el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad, Jóvenes en Red o Uruguay Crece Contigo —que son aplicados por el Mides o la Presidencia de la República— no fueron convocados «no ya para definir, sino al menos para volcar el conocimiento acumulado durante más de 20 años».
Baleato aclaró que no se trata de un «reclamo de conocimiento ni una demanda corporativa que busque futuros beneficios en el sistema de negocios del mundo social», sino que en Anong creen que la «sociedad y las políticas pierden sustentabilidad democrática al no incorporar aprendizajes socialmente acumulados».
Problemas. Durante su intervención en el foro, la ex senadora del Frente Amplio Margarita Percovich indicó que desde que la izquierda llegó al gobierno hubo leyes que fueron trabajadas «con la sociedad civil». Señaló como un problema el hecho de que quienes trabajaban en las organizaciones sociales fueron «captados por el Estado», lo que debilitó a la sociedad civil.
Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, esto no es un problema. Destacó que en el Consejo de Ministros hay «cinco ex dirigentes sindicales» y lo comparó con los gobiernos de los partidos tradicionales, donde había representantes de la «clase dominante». Quienes vienen de la sociedad civil «le transfieren al gobierno lo acumulado» en sus tareas en un sindicato o una ONG, dijo.
Olesker destacó cómo desde 2005 en adelante «el papel de las ONG en la política pública se incrementó considerablemente». Dijo que hay que analizar «cómo se da el vínculo» entre las dos partes, pero dejando en claro que el Estado es el que «define».
Por su parte, el presidente del INAU reconoció que la relación del Estado con la ONG «no está exenta de conflictos y contradicciones». Señaló que la «lógica de gobierno» es que exista «disciplina partidaria» y que el «nivel de discusión interna» hace «muy difícil volver a abrir» el debate luego de que se acuerda dentro del partido político.
Durante el debate, la politóloga Carmen Midaglia brindó una mirada sobre el tema desde el sector académico. Sostuvo que las ONG «vinieron para quedarse y ganaron legitimidad». Afirmó que con la llegada del Frente Amplio al gobierno «diminuyó» la «voz y presencia pública» de las ONG.
Midaglia señaló que no se escucha a esas organizaciones en temas «álgidos» como la baja de la edad de imputabilidad y la internación compulsiva. Además, criticó que haya programas que estén en la órbita de la Presidencia de la República y no de organismos específicos como el Mides o el Ministerio de Vivienda.
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