CRÓNICAS DE 30 AÑOS EN PERIODISMO

 La puerta de hierro de la vieja Colonia Berro, una imagen que dice mucho.

Hace 10 años, el 14 de junio de 2004, publicamos en el diario La República (ver nota al pie) un documento reservado que tres reconocidas Ongs habían entregado a la Suprema Corte de Justicia para denunciar las «prácticas de torturas» que habían confirmado en la Colonia Berro del entonces Instituto Nacional del Menor (Iname). Aquel informe fue corroborado cinco años después, en 2009, por Manfred Nowak, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El escándalo provocó una serie de cambios (en particular en el nombre de las instituciones y establecimientos) para que mucho se modificara y algunas cosas siguieran como estaban.

Hace 10 años, las organizaciones «Oficina Internacional Católica de la Infancia», «Infancia y Adolescencia Ciudadana» y «Vida y Educación» le decían a los ministros del máximo órgano judicial de Uruguay que en la Colonia Berro se torturaba, que los desnudaban por la noche, que había omisión de asistencia, que existía consumo y tránsito de drogas con colaboración de los funcionarios, que se promovían las agresiones y la intimidación entre los jóvenes, que vivían en condiciones sanitarias deplorables y carecían de un eficiente programa educativo y de reinserción social. Esos eran los ingredientes que habían llevado a la explosión de una serie de motines en los últimos años.

Diez años después, en 2014 se sigue denunciando la existencia de malos tratos en el ahora Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau). El problema sigue estando en el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde hace solo un año, en junio de 2013, el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó «una grave situación» en la que los menores pasaban «entre 20 y 23 horas encerrados», por lo cual el Inau estaba incumpliendo un sentencia judicial que en 2008 exigió la reducción de los tiempos de encierro. El INDH describió que las celdas no tenían baños, que los jóvenes no tienen acceso a lectura u otras actividades educativas, y que «un alto porcentaje es medicado» con psicofármacos.

Semanas atrás, se denunció «malos tratos» en la Colonia Berro. Intervino la jueza Letrada de Pando, quien interrogó a funcionarios del Ser y entre ellos a su directora, quien ha sido sumariada y separada del cargo (aunque otras versiones dicen que se le concedió la licencia anual). Esta semana, un adolescente hizo público que recibió una «paliza» por funcionarios encabezados por el subdirector del Ser para que «se dejara de denunciar». Luego de la golpiza lo dejaron en una celda de aislamiento con un colchón y lo trasladaron luego al hospital psiquiátrico por un «desborde» emocional en el que se puso a golpear la puerta de la celda… El presidente del llamado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) dijo que investigará…

El rebrote de denuncias sobre golpizas a menores y adolescentes ocurre cuando en el escenario político (apenas terminado el Mundial Brasil 2014) se lanzarán las campañas a favor de la baja de la imputabilidad o en contra de ella, por el plebiscito de reforma constitucional que se votará junto a las elecciones presidenciales y parlamentarias del octubre próximo. Unos, encontrarán en los nuevos incidentes material para demostrar la peligrosidad de la «minoridad» (a la que a diario muestran, captados por las cámaras de seguridad, robando estaciones de servicio). Otros insistirán en que si se baja la imputabilidad, los robos los harán menores de 15; y defenderán el sistema que en los últimos años se ha implementado para recuperar a los adolescentes, víctimas de la grave crisis del años 2000, entre otros argumentos.

El problema, sin embargo, sigue siendo el de la cultura de impunidad en que vivimos desde la salida de la dictadura. El no castigo a las crímenes cometidos por policías y militares en el marco del terrorismo de Estado impuesto desde las medidas prontas de seguridad en 1968, hace parecer «insignificantes» estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han estado cometiendo en todo el sistema de seguridad del Estado uruguayo, ya sea en la represión sobre adultos (mujeres y hombres) o sobre menores de edad.

El Artículo 22 de la Ley 18.026 (que incorporó al sistema jurídico uruguayo el Tratado de Roma) establece: «El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría».

Y agrega: «Se entenderá por «tortura»: A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales. B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación».

No importa que haya ocurrido en los años de gobierno del pachecato, de la dictadura bordaberrysta, de la dictadura militar, del sanguinettismo, del lacallismo, del jorgismo o del frenteamplismo. No importa que el lugar se denomine Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 o Instituto Nacional de Rehabilitación-Unidad N° 3 «Libertad». No importa si lo llaman Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 o Unidad Penitenciaria de Punta del Rieles. No importa si le dicen Instituto Álvarez Cortéz del Consejo del Niño, Colonia Berro del Iname o Centro Ser del Inau. Por más impunidad que la cobije, la tortura seguirá siendo tortura: un imprescriptible crimen contra la humanidad.

Roger Rodríguez

(17 de junio de 2014)

(A continuación, el artículo publicado en el diario La República el 14 de junio de 2004)