El pragmatismo y el compromiso caracterizan la mayoría de los debates actuales sobre la justicia juvenil. Los políticos y los medios de comunicación juegan con el temor popular de perder el control de cada generación sucesiva de menores si no se les reprime o castiga. La preferencia adulta por el sistema penal cala profundamente, alimentado por la creencia religiosa en el pecado original y la aceptación jurídica de castigos violentos y humillantes.

CRIN quiere fomentar un debate sobre la justicia juvenil que va más allá del pragmatismo y el compromiso. En especial queremos suscitar un nuevo debate sobre el establecimiento de la edad penal. Este documento es simplemente el comienzo de lo que esperamos se convierta en un debate constructivo e influyente, que vaya más allá de la propuesta de modificar en uno o dos años hacia arriba o hacia abajo la edad penal. Apoyamos a quienes consideran que la vía a seguir es separar el concepto de responsabilidad del concepto de criminalización y parar de convertir a los menores de edad en delincuentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño hace valer los derechos de los seres humanos menores de 18 años. La sugerencia de que los Estados deberían definir una edad, en el marco de la definición de infancia de la Convención, en la que los niños puedan ser penalizados es, inevitablemente, discriminatoria y entra en conflicto tanto con las exigencias de la Convención sobre el interés superior del menor, que ha de ser una consideración prioritaria, como con el derecho del menor al mayor desarrollo posible. Este hecho inhibe el desarrollo lógico de un sistema de derechos plenamente fiables que responda a las infracciones de los menores.

La criminalización de los menores causa un daño permanente, no solo en el desarrollo general de un gran número de menores, sino también en las sociedades humanas. Este hecho fomenta la caída de los menores en nuevos delitos cada vez más violentos, que a menudo se prorrogan a la edad adulta, lo que impide a las sociedades avanzar, manteniendo la creencia persistente en el pecado original y en la necesidad de expulsar el demonio de los niños.

Como adultos, sin duda debemos a los niños un enfoque diferente. Una vez que las doctrinas del pecado original han sido descartadas se puede ver la evidencia clara del origen de los actos delictivos graves de los menores, que se desarrollan y afloran de la violencia y negligencia por parte de los adultos – en su mayoría parentales -, agravados a menudo por la incapacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones de apoyar a los padres en sus responsabilidades de criar a los niños y proporcionarles una educación para asimilar y respetar la legislación. Cuanto más seria y extrema es la infracción del menor, más seguros podemos estar de que el origen está en el maltrato por parte de los adultos, o en ocasiones simplemente la pérdida trágica de los padres u otros cuidadores clave.

Queremos trabajar con otras organizaciones y con los defensores de los derechos humanos para promover por parte de los Estados el diseño de sistemas que mantengan a los menores alejados del sistema penal y renunciado a los castigos, centrándose exclusivamente en la rehabilitación de los menores y teniendo siempre en cuenta la seguridad pública. ¡Únete al debate sobre cómo parar de convertir a los menores en delincuentes!

CRIN agradece:

• Cualquier comentario a este documento
• Cualquier información acerca de:
  – Desarrollos significativos y positivos de las políticas y leyes estatales
  – Investigaciones que demuestren el daño de la criminalización de menores
• Ideas para la sostenibilidad de la incidencia regional e internacional

CRIN tiene como objetivo promover los debates sobre las políticas – infórmanos si tu organización quiere implicarse a través del email: info@crin.org

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