Montevideo, 22 de setiembre de 2010

A la opinión publica

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay, ante la actual coyuntura de permanente alusión desde diversos sectores a la violencia protagonizada por niños, niñas y adolescentes, quiere expresar su preocupación en cuanto a los siguientes temas:

a) No es cierto que los delitos sean protagonizados por niños cada vez más chicos y en actos cada vez más violentos. Las investigaciones indican, desde la década de los ‘90 a la fecha, que estos hechos se mantienen sin grandes variaciones en el país. Los argumentos utilizados día a día desde los sectores políticos y amplificados en los medios de comunicación, carecen de sustento técnico que los avale. Los últimos datos publicados por UNICEF indican que la cantidad de delitos protagonizados por los adolescentes en Uruguay es de un 4,5% del total de los cometidos en el país, siendo la abrumadora mayoría (95,5%) realizada por adultos.

b) En nuestro país poseemos un sistema de responsabilidad que imputa a la población de entre 13 y 18 años la comisión de delitos, que incluye un procedimiento judicial del cual puede resultar una pena de privación de libertad (que se ejecuta en una cárcel mal llamada “hogar”). Plantear el tema de la rebaja de la edad de imputabilidad es ejercicio de retórica punitiva, selectiva, ineficaz y engañosa.

c) Según la normativa internacional ratificada por nuestro país, la privación de libertad debe ser una sanción excepcional en el terreno de la adolescencia, porque la comunidad internacional reconoce que la cárcel, más que aportar una solución, agrava la situación. Deben transitarse otros caminos que busquen dar una solución adecuada a este tipo de conflictos que no nos lleven a un camino sin salida. La muestra está en la actual situación de INAU, que a pesar de haber recibido en la pasada administración un flujo importante de recursos económicos y humanos para este tema, no logra dar respuestas a la temática reproduciendo y agravando desde hace muchos años este problema estructural.

d) Por diferentes razones (posiblemente visibilidad, generación de consensos, rédito electoral, etc.) se sitúa esta temática del cambio legislativo como cuestión de primer orden en la agenda pública. Sin embargo, recordamos que, tal como lo constató y denunció el Relator Contra la Tortura, las condiciones de privación de libertad de los adolescentes en el país están lejos de los mínimos internacionales aceptables (20 horas de encierro, hacinamiento, medicalización, ausencia de propuestas socioeducativas, tratos crueles, entre otros). Y las lógicas instaladas

no son avanzar en el terreno de las penas alternativas sino reproducir más y mayor encierro, alimentando un circuito de reproducción de la violencia que no termina nunca.

e) Si el camino a seguir incluye la rebaja de la edad de imputabilidad, la eliminación del artículo sobre antecedentes, el agravamiento de las penas de privación de libertad, el alojamiento en contenedores, en definitiva MÁS CARCEL, se estará renunciando a garantías y haciendo concesiones al autoritarismo. Si nuestros representantes y gobernantes están dispuestos a generar políticas criminales y convertir en leyes el clamor popular que identifica a los adolescentes como el enemigo del que la sociedad debe defenderse, ¿cuál será el próximo paso?

LA CRISIS ESTRUCTURAL DE LAS CÁRCELES EN EL TERRENO DE LOS ADULTOS Y MAS AÚN DE LOS ADOLESCENTES ES IRREFUTABLE, POR LO QUE EL CAMINO ES MENOS Y MEJOR CÁRCEL.