COMUNICADO

Montevideo, 2 de marzo de 2011.

El sistema penal juvenil sanciona y reprime infracciones contra la propiedad en forma más que preponderante. Así ha sido desde que comenzamos a realizar un seguimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia. Relacionar este fenómeno con el proceso de creciente pauperización y vulneración de los derechos económicos y sociales de la población menor de 18 años de edad en la última década es tan impreciso como inevitable.

También es inevitable referir a la realidad de un sistema penal como el de Uruguay, que pone al derecho de propiedad en el pináculo de todos los bienes jurídicos, sobredimensionando su tutela. Es esta característica de nuestro sistema penal la que se encuentra detrás de la pretensión de modificar el CNA a los efectos de criminalizar conductas contra la propiedad que ni siquiera lesionan este bien jurídico, como es el caso de la tentativa de hurto. De tener éxito estas iniciativas, lo que ocurriría es una reafirmación del carácter selectivo del sistema penal y una profundización del proceso de deslegitimación en el que se encuentra inmerso. Además de aumentar la cantidad de adolescentes privados de libertad y la violencia de un sistema saturado e ineficiente.

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