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Resumen

El presente informe contiene las conclusiones y recomendaciones del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con su misión al Uruguay, que tuvo lugar del 21 al 27 de marzo de 2009.

El Relator Especial expresa su profundo reconocimiento al Gobierno del Uruguay por la excelente cooperación que le brindaron las autoridades durante la visita. Destaca el compromiso del Gobierno de respetar y promover los derechos humanos y los progresos realizados desde el fin de la dictadura en 1985.

Sobre la base de las conversaciones con funcionarios públicos, jueces, abogados y representantes de la sociedad civil y las entrevistas con víctimas de la violencia y personas privadas de libertad, apoyadas a menudo por pruebas forenses, el Relator Especial encontró pocos casos de tortura. Sin embargo, recibió numerosas denuncias de malos tratos en varios centros penitenciarios.

Al Relator Especial le preocupa especialmente que los adolescentes y los niños corran un mayor riesgo de sufrir malos tratos en las comisarías de policía y en los centros de internamiento. También recibió denuncias creíbles de palizas infligidas después de la detención, así como del uso excesivo de la fuerza y la imposición de castigos colectivos a raíz de motines y revueltas en los centros de internamiento.

El enfoque punitivo adoptado en el sistema penitenciario y la falta de actividades no conducen a la rehabilitación. Recurriendo a la prisión de forma habitual, en vez de hacerlo como último recurso, no se ha conseguido reducir los índices de delincuencia o evitar la reincidencia. Por el contrario, la mayoría de las prisiones del Uruguay están abarrotadas y el sistema penitenciario corre grave peligro de sufrir un colapso total.

Aunque se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la situación general de las prisiones y evitar el hacinamiento, las condiciones en algunos centros penitenciarios, especialmente en el penal de Libertad y en el complejo carcelario Santiago Vázquez (COMCAR), pueden considerarse como un trato inhumano y degradante. El hacinamiento, el hecho de que los internos en prisión preventiva no estén separados de los que cumplen condena y el acceso limitado a los servicios médicos eran motivos de preocupación en prácticamente todos los lugares visitados. Debe considerarse altamente prioritario emprender una reforma general de todo el sistema de administración de justicia, que debe tener como objetivo la rehabilitación y reinserción de los delincuentes.

Aunque el Gobierno ha tipificado recientemente la tortura como delito en la Ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, es poco probable que esa disposición llegue a aplicarse a quienes cometan delitos individuales, como ha sido el caso desde su entrada en vigor en 2006. No obstante, esa disposición debería servir como inspiración para la reforma del Código Penal.

El Relator Especial acoge con beneplácito el establecimiento de un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y reconoce que se han dado los primeros pasos en la dirección correcta. No obstante, la plena aplicación del Plan se ha retrasado, lo que ha conducido a una situación en la que las medidas de prevención y protección adoptadas por el Estado son insuficientes.

A la vista de lo anterior, el Relator Especial recomienda al Gobierno del Uruguay que cumpla íntegramente sus obligaciones dimanantes de la legislación internacional de derechos humanos. En particular, insta al Gobierno a que tipifique la tortura como delito en consonancia con lo dispuesto en la Convención contra la Tortura, que impida el uso excesivo de la fuerza por la policía, que acelere los procedimientos judiciales, que garantice que quienes cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura comparezcan ante la justicia sin más demora y que ponga en marcha plenamente el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. Además, el Gobierno debería abordar sin retraso una reforma profunda de los sistemas penitenciario y de justicia penal, que  deben estar orientados a la rehabilitación y una mejor reinserción de los delincuentes en la sociedad para lo que, entre otras cosas, debería introducir y fortalecer medidas punitivas  que no entrañen la privación de libertad, y mantener sus esfuerzos por mejorar las condiciones en los centros de reclusión. El Relator Especial insta también al Estado a que clausure los centros de reclusión en los que imperan unas condiciones inhumanas, especialmente el de «Las Latas», del penal de Libertad, y los módulos 2 a 4 del COMCAR.

El Relator Especial hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste asistencia al Gobierno del Uruguay en su lucha contra la tortura y los malos tratos y le facilite apoyo técnico y financiero.