VIDA Y EDUCACION adhiere al comunicado emitido por el Comité de Derechos del Niño Uruguay
Montevideo, 06 de agosto de 2015
El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:
- Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con adolescente son los que hemos denunciado junto a familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, atacando a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
- Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento[1].”
- La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de DDHH toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente la actuación judicial no pondrá fin a la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
- Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a terminar con la desidia institucional para otorgar las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.
- Solicitamos a los partidos políticos, a la central de trabajadores y al gobierno en su conjunto una manifestación clara de condena a la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil; puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.
La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga
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[1] http://www.unicef.org/panama/spanish/about_8042.htm
Descargar el comunicado: comunicadoceprili
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