130130 – Comunicado de prensa en relación a la supuesta vinculación de las OSC uruguayas al lavado de activos – Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 30 de enero de 2013

Generar sistemas de confianza

En días pasados, a causa del anuncio de la compra del Cine Teatro Plaza por parte de una institución religiosa, se generó en distintos medios de comunicación un importante debate.  La compra del cine motivó las declaraciones de autoridades gubernamentales sobre la necesidad de imponer y ampliar los controles estatales a las iglesias, a las asociaciones civiles y en particular a las ONG, por su potencial vinculación con lavado de activos.  También hubo manifestaciones en torno a los registros de las asociaciones civiles por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Al mismo tiempo, varios medios de prensa escrita y radial buscaron la opinión de nuestra organización, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), como institución referente en temas de investigación sobre la sociedad civil y la promoción de su transparencia y rendición de cuentas.

Nos preocupa el manto de desconfianza o de dudas que pueda tenderse sobre el conjunto de organizaciones de la sociedad civil en Uruguay. Entendemos que todos los sectores, el Estado, la sociedad civil, las empresas, debemos trabajar de forma cooperativa y colaborativa para generar sistemas de confianza. Por eso, en las respuestas que hemos dado a distintos medios de comunicación, hemos confirmado el proceso por el que vienen transitando las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y de la región, en que cada vez mayores grados de transparencia y rendición de cuentas, especialmente mediante mecanismos de autorregulación, están permitiendo fortalecer su legitimidad y su decisivo papel en la construcción de ciudadanía, en las tareas del desarrollo y en el fortalecimiento de la democracia.

En este marco, es importante resaltar que las organizaciones de la sociedad civil estamos efectivamente sujetas al control de la ley y del Estado.  Son muchos los controles que realizan los distintos organismos del Estado, desde el registro y aprobación de los estatutos, hasta distinto tipo de contralores bancarios. Además, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos autoimpuesto obligaciones de hacer pública información sobre nuestro trabajo, fuentes y montos de nuestros recursos, entre otros aspectos, y lo hemos hecho de forma absolutamente voluntaria y sin que haya mediado ningún tipo de requisito por parte del Estado.

Una de las formas de autorregulación en que participan organizaciones sociales en Uruguay es la Iniciativa Regional Rendir Cuentas, en la que cientos de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe han unido fuerzas para mejorar y promover su transparencia y rendición de cuentas.  Hace pocas semanas, a fines del año 2012, y por tercera vez consecutiva, la Iniciativa Rendir Cuentas realizó un ejercicio de autorregulación en Uruguay más de 100 organizaciones estuvieron de acuerdo en hacer públicos sus datos básicos de identificación, sus mecanismos de gobernanza, sus proyectos en curso, las fuentes y montos de financiamiento, entre otras informaciones.

Clic para ver el informe 2012

En cuanto a la iniciativa de un proyecto de ley que distinga los distintos tipos de asociaciones civiles, expresamos nuestro apoyo a todo tipo de adelanto y perfeccionamiento de la legislación actual, que facilite un marco más habilitante para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que las organizaciones uruguayas realizan una trascendental contribución al desarrollo del país y un marco jurídico que desarrolle y potencie el derecho a la participación ciudadana sería beneficioso para toda la ciudadanía.

Al mismo tiempo, una nueva legislación en esta materia tiene necesariamente que implicar la amplia consulta a las organizaciones de la sociedad civil y un trabajo cooperativo del Estado y de la sociedad civil.

Más info: www.rendircuentas.org

Contacto: Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) lasociedadcivil.org
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