110413 – Precisiones de ICD sobre nota periodística


Precisiones necesarias

El domingo 20 de marzo, una nota publicada en la sección Nacionales del diario “El País” de Uruguay, dio cuenta de una entrevista a Anabel Cruz, directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), centrada en los esfuerzos de esta organización para promover la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil. Sin ningún afán de poner en duda la idoneidad de la periodista que realizó la entrevista, ni de alterar las afirmaciones realizadas por la entrevistada, queremos ofrecer algunas precisiones sobre el alcance, contexto y significado de sus enunciados.

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Estas aclaraciones se proponen confirmar el proceso por el que vienen transitando las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y de la región, en que cada vez mayores grados de transparencia y rendición de cuentas están permitiendo fortalecer su legitimidad y su decisivo papel en la construcción de ciudadanía, en las tareas del desarrollo y en el fortalecimiento de la democracia.

Lo que no se dijo en la nota periodística

La síntesis a la que obliga toda producción periodística dificultó explicar que el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) viene trabajando desde hace mucho tiempo, tanto en el plano nacional como internacional, en la promoción de buenas prácticas de transparencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Sin ánimo de exhaustividad, puede señalarse que entre 2006 y 2009 el Instituto de Comunicación y Desarrollo lideró el proyecto “Rendición de cuentas y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica”, en el que participaron algunas de las más importantes redes de organizaciones, organizaciones no gubernamentales y expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay. Su propósito fue el de fomentar un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas como factores de legitimidad de las organizaciones sociales, promover el intercambio de experiencias y generar mayores capacidades, herramientas y recursos para avanzar en sus procesos de transparencia. Contó con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

El Seminario Internacional “Pregonar con el ejemplo. Sociedad civil y rendición de cuentas”, que en 2007 analizó los avances del proyecto, fue auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo, siendo clausurado por la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en formal representación del Presidente Tabaré Vázquez. En este seminario participó un destacado panel de expertos, representantes gubernamentales y delegados de las agencias de cooperación.

Como uno de los resultados de este proyecto, el libro “Poder, rendición de cuentas y sociedad civil” de las investigadoras Anabel Cruz e Inés Pousadela, permitió comparar el concepto y los fundamentos de la rendición de cuentas, así como sus formas y contenidos, además de presentar un amplio repertorio de herramientas y mecanismos utilizados en los países participantes del proyecto. La obra fue presentada públicamente en Bogotá, Buenos Aires, Tegucigalpa, Santo Domingo, Santiago de Chile, Asunción, Río de Janeiro y Montevideo. También fue difundida y despertó un gran interés en la Asamblea de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) en Glasgow y en la Conferencia Internacional de la International Society for Third Sector Research (ISTR) en Barcelona, ambas en 2008.

Los estudios previos en Uruguay, que indagaron la opinión de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y profesionales del sector, establecieron que “todas las organizaciones que desarrollan con sistematicidad rendiciones de cuentas, no dejan de resaltar los impactos y beneficios para su institución devenidos de estas prácticas, las cuales son consideradas como grandes procesos de aprendizaje institucional que mejoran el desempeño y la eficacia de las intervenciones que éstas desarrollan. Paralelamente, las organizaciones encuentran fortalecida su legitimidad y credibilidad, capital intangible pero central en este tipo de instituciones”.

Pero la investigación también constató que las organizaciones se enfrentan a obstáculos cuando se proponen implementar prácticas de rendición de cuentas y transparencia en su gestión de forma sistematizada ya que, por ejemplo, las organizaciones pequeñas “no cuentan con sistemas contables y administrativos adecuados ni con los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar un análisis de sus prácticas”, además de la falta de recursos económicos y humanos para implementar mejoras en su gestión.

Las organizaciones sostienen que “el marco legal vigente se presenta apenas como un contralor formal, bastante débil y burocratizado, que no promueve la rendición de cuentas”. Para las organizaciones, “los procedimientos adecuados para este tipo de prácticas de transparencia suelen aparecer como engorrosos y complejos y en algunos casos, onerosos para su ejecución, lo cual desestimula su incorporación”. A cambio, no han dejado de utilizan mecanismos más tradicionales y sencillos, tales como los informes anuales o por cada proyecto y balances contables publicados en sus sitios en Internet, además de los rigurosos informes narrativos y financieros que deben presentar sistemáticamente a los organismos financiadores, sean estatales, privados o internacionales.

La nueva iniciativa regional

Dando continuidad a estas líneas de trabajo respecto a las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y la región, a partir de 2010 el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) se alió con la Confederación Colombiana de ONG (CCONG), la red colombiana ONG por la Transparencia (ONGxT) y CIVICUS para liderar la “Iniciativa Regional Rendir Cuentas”, que actualmente comprende a más de mil organizaciones y redes de organizaciones de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Esta iniciativa tiene el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su objetivo es fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil de los ocho países participantes, instaurando prácticas sistemáticas de autorregulación a través del aprendizaje mutuo y la transferencia y adopción de estándares voluntarios y comunes. Para ello, son analizadas y difundidas los mejores ejemplos de las organizaciones de la sociedad civil en transparencia y rendición de cuentas, promoviendo un provechoso intercambio de experiencias.

La Iniciativa Regional facilita que todas las organizaciones informen voluntariamente de sus objetivos, proyectos, recursos humanos, fuentes de financiamiento y recursos financieros, utilizando un formato único que permitirá la agregación de datos, producir conocimientos sobre el sector, conocer su impacto y dar lugar a la comparación entre países o áreas de cada país. Este proyecto plantea un ejercicio voluntario de rendición de cuentas, basado en las convicciones de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la necesidad de fortalecer su legitimidad y su capacidad de diálogo e incidencia frente a otros actores en los temas del desarrollo y la democracia.

Las organizaciones promotoras de esta iniciativa son conscientes de que éste se inscribe dentro de un proceso de larga duración, complejo y no exento de dificultades, donde operan factores culturales, jurídicos, políticos e institucionales que a veces favorecen y otras dificultan prácticas sistematizadas de transparencia. El compromiso de informar a la opinión pública y a los sectores interesados de manera clara, permanente y verdadera respecto a los objetivos institucionales, el cumplimiento de las metas, los mecanismos de gobierno, las instancias de control interno, la corrección de eventuales errores, la marcha de los proyectos en curso y los informes de gestión y financieros, entre otros aspectos, es el primer paso de un saludable proceso que están asumiendo las organizaciones de Uruguay y la región.

Durante su transcurso, hay organizaciones que están a la vanguardia del proceso si consideramos su convicción y disposición, y hay otras que van a ir incorporándose en tanto perciban las ventajas de la transparencia, adquieran las herramientas y conocimientos necesarios para asumirla institucionalmente y admitan los beneficios de integrar extendidos sistemas de confianza legitimados por la opinión pública. Mientras tanto, las organizaciones que acusan un cierto rezago en este proceso, seguirán publicando de todas maneras sus informes de actividades, auditorías y balances en sus páginas web, como lo hacen hasta ahora de manera altamente meritoria.

Más allá de la admitida necesidad de asumir prácticas cada vez más sistemáticas, complejas y públicas de transparencia, las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay no portan trazas de corrupción en el manejo de sus fondos y, por el contrario, han sido aliadas estratégicas de las agencias de cooperación internacional, de los organismos públicos y de las empresas privadas, en la realización de proyectos de desarrollo. Esta cooperación estratégica conlleva que las organizaciones sean auditadas permanentemente por sus financiadores en cuanto al logro de los resultados comprometidos y el manejo eficiente de los recursos financieros.

En base a su experiencia de más de diez años en estos temas, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) promueve mecanismos de autorregulación y el apego a códigos de conducta que ya comienzan a avizorarse, antes que a la proliferación inconsulta de fiscalizaciones estatales. La experiencia internacional demuestra que, en muchos casos, las contralorías externas a las organizaciones sociales han fracasado o se han prestado para el manejo discrecional del poder público respecto a quienes, en determinadas circunstancias históricas, no son sus aliados ni siguen a pie juntillas sus orientaciones políticas.

Desarrollar procesos de acumulación

El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), destacado promotor de este tipo de iniciativas en Uruguay y la región, ha venido trabajando en la última década en colaboración con cientos de organizaciones y decenas de redes de organizaciones de la sociedad civil, confiando siempre en la construcción de procesos sistemáticos de acumulación.

Entre otras actividades que ICD ha impulsado para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, pueden anotarse rápidamente algunos proyectos:

Entre 2001 y 2002, ICD llevó adelante el proyecto “Mapeo y caracterización de la sociedad civil en Honduras”, con el propósito de relevar las organizaciones de la sociedad civil, su capital social y los recursos y contribuciones que las mismas aportan a la sociedad. Esta iniciativa fue apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI).

Un proyecto de características similares, también con el apoyo del BID y de ASDI, fue implementado por ICD en Nicaragua entre 2005 y 2006.

Anteriormente, en 2004, desarrolló el proyecto “Evaluación y revisión de criterios de representatividad de las ONG cívicas”, que evaluó los estándares, reglas y procedimientos formales e informales que gobiernan la participación de las organizaciones cívicas en la formación de políticas públicas en cerca de 50 países en Europa y América. Esta actividad fue respaldada por la ONG italiana Cittadinanzattiva a través de la Red de Participación Ciudadana Activa (RPCA), con financiamiento de la Comisión Europea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre 2006 y 2007, ICD dirigió el proyecto “Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas al interior de la sociedad civil en Uruguay”, dirigido a promover una cultura permanente de rendición de cuentas de las organizaciones sociales, generando modelos replicables en otros países de América Latina. Este proyecto se realizó en coordinación con la Asociación Nacional de ONGs (ANONG), fue ganador del Programa de Pequeñas Donaciones del Banco Mundial en 2006 y contó con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelandia.

A partir de 2006 y hasta el presente, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y Partnership for Transparency Fund (PTF) vienen liderando el proyecto “Inclusión de la sociedad civil para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas”, que instaló el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA), con el propósito de apoyar pequeños proyectos de las organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, que contribuyan a reducir o eliminar los casos y oportunidades de corrupción, especialmente en el sector público. Es apoyado por el BID-FOMIN, la cooperación finlandesa y distintas empresas de la región Una evaluación en curso aportará elementos esenciales para la medición de los impactos del programa y las condiciones existentes de replicabilidad en otros contextos y de continuidad, que respondan a las demandas existentes.

Fuera de las iniciativas ininterrumpidas en estos últimos diez años, en el período anterior comprendido entre 1990 y 2000, ICD desarrolló un conjunto de actividades vinculadas de manera directa e indirecta a la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas, tales como la elaboración y publicación de varios repertorios de organizaciones no gubernamentales donde se difundían sus actividades, la puesta en funcionamiento de la página web La Sociedad Civil en Línea destinada al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la realización, desde esa plataforma, de varios cursos a distancia sobre diversos temas propios del sector.

¿Por qué cada vez más transparencia y rendición de cuentas?

Daniel Barragán, director de proyectos del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), ilustra que “hace algunos años, la legitimidad de la sociedad civil emanaba directamente del trabajo realizado a favor del bien público o, en el caso de muchos países latinoamericanos, de su disposición para apoyar y facilitar el camino democrático”. Actualmente, esto no es suficiente ya que las organizaciones ejercen una mayor influencia sobre los asuntos públicos, lo que “ha otorgado mayor relevancia a la necesidad de fortalecer su trabajo y, sobre todo su legitimidad como actor social”. En su opinión, “si las organizaciones de la sociedad civil son transparentes y rinden mejor sus cuentas tienen mayores capacidades y legitimidad para manejar el diálogo político con el Estado -o con el sector privado- y exigir de ellos mayor transparencia”.

Por otra parte, ya ha sido reiteradamente señalado que existe un malentendido que confunde rendición de cuentas con información contable. Aunque uno supone al otro, el concepto de rendición de cuentas implica la obligación de veracidad ante la sociedad en general y los sectores involucrados por la acción de las organizaciones, además de la aceptación de las responsabilidades y consecuencias por los actos propios. El concepto de transparencia, que comúnmente acompaña al de rendición de cuentas, se sitúa en un estadio levemente anterior y expresa la idea de mostrar públicamente y por los mecanismos de qué se disponga, qué hacen las organizaciones, por qué lo hacen, cómo lo hacen, a quienes dirigen sus acciones, qué transformaciones logran de la realidad, de qué recursos financieros disponen y cómo los utilizan.

El fortalecimiento de la legitimidad institucional, la participación activa en amplios sistemas de confianza, el incremento de la capacidad de diálogo e incidencia ante el sector privado y los organismos públicos, la ampliación de las posibilidades de acceso a la cooperación internacional y la propia sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y la región, se sustentan fuertemente en ese dueto en el que el instrumento de la transparencia y el instrumento de la rendición de cuentas, están comenzando a operar conjuntamente para obtener los mejores resultados.

El compromiso de ICD es seguir promoviendo este camino de doble vía para que sociedades civiles fuertes en Uruguay y en la región sean una voz plural cada vez más respetada y tomada en cuenta por los decisores de políticas públicas, aportando conocimientos técnicos, ofreciendo puntos de vista diferentes y enriquecedores y promoviendo una participación ciudadana responsable y comprometida.

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